
Élder José Arteaga, alias el Costeño o “Chipi”, señalado como cabecilla de la red de sicarios que asesinó al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, y encargado de la logística del crimen, declaró de forma limitada ante la Fiscalía y aun así obtuvo beneficios judiciales, incluido el compromiso de tramitar un traslado de cárcel, en un acuerdo que esta misma semana deberá revisar un juez.
Según Semana, el testimonio dejó dudas sobre su aporte para esclarecer a los autores intelectuales del magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025.
El punto más sensible del acuerdo es la rebaja sustancial de la pena y las concesiones carcelarias que recibirá a cambio de una colaboración que las víctimas consideran escasa. Hace un mes, otro juez ya había rechazado un acuerdo de la Fiscalía con Harold Barragán, señalado de contactar al menor usado en el crimen, por considerar excesivos los beneficios frente a una cooperación incipiente.
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El medio de comunicación tuvo acceso al interrogatorio firmado tras el preacuerdo. Allí quedó consignado que la fiscal del caso se comprometió a gestionar ante el Inpec un traslado por reunificación familiar a Bogotá, aunque advirtió que ese trámite dependía de la autoridad penitenciaria.
“En el mismo preacuerdo dejamos constancia de que usted quiere que lo trasladen a una cárcel por reunificación familiar en Bogotá. En el mismo preacuerdo dejamos la constancia, ¿vale?”, le dijo la fiscal. Arteaga respondió: “Mi hija había enviado, pues para un acercamiento familiar, si no estoy mal”.

La conversación se produjo al cierre de la primera jornada del interrogatorio. La funcionaria añadió: “Eso es a veces muy difícil. O sea, yo sé que hacen todo el intento, pero a veces con el Inpec es muy difícil, pero nosotros nos comprometemos a hacerle el trámite para que lo trasladen. Bueno”.
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En ese mismo intercambio, citado por Semana, también apareció un tono de cercanía entre el acusado y la fiscal. “Dios la bendiga; piénsame mucho, piénsame mucho”, dijo Arteaga después de que hablaran sobre la posibilidad de moverlo de prisión.
El medio sostiene que la declaración de alias Chipi se redujo a dos asuntos: el encuentro con el menor de edad en inmediaciones del parque El Golfito, donde fue asesinado Uribe Turbay, y las llamadas y reuniones que sostuvo con alias el Viejo, descrito como enlace de los sicarios con la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc.
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El interrogatorio, según esa reconstrucción, avanzó sin un orden claro y con pocas verificaciones. Incluso el propio Arteaga sugirió que la fiscal y el investigador formularan preguntas para que la diligencia pudiera seguir.
En su versión se repitieron respuestas como “Mentiría si digo algo”, “yo nunca”, “no tenía conocimiento”, “no le sabría decir”, “no sé” y “yo no lo conocía”. Esa secuencia, de acuerdo con la publicación, lo mostró más como un invitado periférico que como el jefe operativo de la estructura que ejecutó el asesinato.
“Sí, pero entonces ahí, ¿quién sería ese cabecilla? No le podría decir porque para mí el cabecilla es Simeón, que es el que me está trayendo el mensaje. Él es el que se está reuniendo con la gente”, afirmó alias Chipi para insistir en que su papel se limitó a tareas de apoyo.
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Alias Chipi negó conocer partes del plan y cuestionó a otros implicados
Durante la diligencia también aseguró que otros procesados, algunos ya condenados mediante preacuerdos, mintieron para conseguir beneficios. “Sí, señor, entonces por eso yo le estoy diciendo a la doctora Elsa que todos están mintiendo porque Simeón está diciendo que a él le dijeron: ‘Vaya y trabaje con Chipi’. Bueno, listo, de pronto hablemos de Chicorita, que le dijo: ‘Le recomiendo a Chipi’, o sea, aquí hablando entre comillas”, declaró.
Arteaga se concentró en exculpar a personas cercanas a él. Sostuvo que algunos solo manejaban vehículos o hacían traslados y negó saber de la participación directa de la Segunda Marquetalia en el plan criminal.
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Sobre alias Catherine, afirmó: “Entonces ella me dice: ‘Pero usted sabe que estamos trabajando con la guerrilla’. Yo sabía que estábamos trabajando con Simeón, pero yo no sabía qué contactos tenía o con quién se movía. Tenía más conocimiento ella, porque ella me dice que el Viejo como que le tiraba los perros”.

Uno de los datos nuevos que entregó fue que una semana antes del magnicidio él y otros hombres fueron capturados por la Policía en el barrio Las Cruces, cuando, según dijo, definían detalles de un doble homicidio que no llegó a ejecutarse. Relató que los uniformados irrumpieron, los sometieron y los llevaron a un CAI, pero horas más tarde quedaron en libertad porque no hallaron armas ni otros elementos.
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“Ahí nos sapearon los mismos chirretes de ahí, y fue donde llegó la Policía, nos tumbó la puerta, y me llevaron para el CAI, pero al ratico, pues como no encontraron arma, no encontraron nada, pues al ratico nos dejaron libres”, declaró. Según la publicación, la Fiscalía no profundizó en ese episodio, que pudo haber alterado el curso de los hechos.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador, cuestionó el preacuerdo y dijo que favorece al asesino por encima de la verdad. En su criterio, la negociación expone esa verdad a un “escarnio público y fomenta la percepción de que, en Colombia, la justicia es negociable”.
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A esa crítica se suma otro revés reciente para el ente acusador: tampoco logró que se declarara en contumacia a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, porque una jueza concluyó que la Fiscalía incurrió en varios “errores”. Para las víctimas, la declaración de alias Chipi solo repite o contradice lo que otros ya habían contado, mientras él recibe una rebaja de pena, beneficios particulares y la promesa de una reclusión más favorable.
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