
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó que está preparada para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial por parte del equipo de transición.
En medio de la expectativa sobre el futuro del tribunal, el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, hizo un llamado a preservar la institucionalidad del Acuerdo de Paz de 2016 y el sistema de justicia transicional construido durante la última década.
Las declaraciones del magistrado se producen en un contexto de incertidumbre, debido a que el mandatario electo ha expresado en distintas ocasiones su intención de reformar o incluso eliminar la JEP, una de las instituciones surgidas tras la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las extintas Farc.
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Según explicó Ramelli, la jurisdicción está dispuesta a sostener un diálogo técnico con el equipo que designe el nuevo gobierno para presentar los avances alcanzados, así como los principales retos y desafíos que enfrenta la entidad.
“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó el presidente de la JEP.
El magistrado insistió en que el debate alrededor del tribunal no debe limitarse a la existencia de la jurisdicción o a asuntos presupuestales, sino que debe contemplar el conjunto de mecanismos creados para implementar el Acuerdo de Paz.
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“Hay que preservar la institucionalidad del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje que ha permitido que el acuerdo de paz se venga ejecutando en estos diez años”, señaló.
Las declaraciones de Ramelli coinciden con el inicio de la transición gubernamental liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien coordina el proceso de empalme entre la administración saliente y el nuevo Ejecutivo que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.
Durante la campaña presidencial, De la Espriella cuestionó reiteradamente el funcionamiento de la JEP. Entre otras críticas, aseguró que el tribunal fue creado en contravía de la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2016 y llegó a calificarlo como “un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.
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Aunque en las últimas semanas el presidente electo ha moderado el tono de sus declaraciones y ha hablado de una transición institucional ordenada, distintos sectores consideran que la intención de modificar el modelo de justicia transicional sigue vigente.
Sin embargo, expertos y magistrados han advertido que el jefe de Estado no tiene la facultad de eliminar unilateralmente la jurisdicción.
La JEP fue incorporada al bloque de constitucionalidad mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y cuenta con respaldo expreso de la Corte Constitucional, que declaró ajustado a la Carta Política el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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A este blindaje constitucional se suma el componente internacional. En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) cerró de manera condicionada el examen preliminar que mantenía sobre Colombia, decisión que estuvo sustentada en la continuidad y funcionamiento efectivo de la JEP.
Ramelli recordó que un eventual incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano podría reabrir el interés de la CPI sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
El presidente de la jurisdicción también defendió los resultados alcanzados por el tribunal frente a las críticas que sostienen que la entidad no ha producido decisiones concretas. En ese sentido, pidió que la discusión se dé con base en datos verificables y no a partir de percepciones.
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“No buscamos unanimidad ni buscamos comité de aplausos, buscamos justicia”, afirmó.
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