Corte Suprema abrió investigación contra Carlos Carreño, excongresista del partido Comunes, por presunto acto sexual violento

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el exrepresentante Carlos Carreño por presunto acto sexual violento a partir de la denuncia de una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraba su esquema de seguridad, un caso que avanzó a fase formal y que podría seguir en el alto tribunal incluso cuando el excongresista deje su curul porque los hechos examinados estarían ligados al ejercicio de sus funciones.

Carreño no volverá por ahora al Capitolio, ya que el partido Comunes agotó los dos períodos legislativos especiales pactados tras el Acuerdo de Paz, equivalentes a ocho años con diez escaños garantizados entre 2018 y 2026, y perdió su personería jurídica después de las elecciones legislativas de 2026.

La Sala Especial de Instrucción tomó la decisión después de cerrar la etapa preliminar del proceso. El magistrado Héctor Alarcón, ponente del caso, citará al representante a indagatoria y dirigirá la recolección de pruebas.

Según el expediente, la denuncia fue presentada por una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignada a la seguridad del entonces congresista.

La mujer relató que en febrero de este año Carreño la tocó sin su consentimiento y que, tras rechazarlo, fue apartada de sus funciones y luego desvinculada de sus labores como escolta.

La Corte consignó en el informe del caso que el excongresista le hizo “tocamientos de contenido sexual, y ante su rechazo, la aisló de su trabajo hasta desvincularla de las labores como escolta asignada a su seguridad”.

Carlos Carreño fue representante a la Cámara por Comunes para el período 2022-2026. El partido surgió del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc y contó con curules aseguradas en el Congreso durante dos períodos legislativos.

El excongresista es economista, integra la Comisión Tercera de la Cámara y participó en temas de paz y posconflicto. Antes de su actividad política fue miembro de la antigua guerrilla y en ese contexto era conocido, según distintas referencias del expediente, con los alias de ‘Diego Marín’ y ‘Sergio Marín’.

Carlos Carreño enfrenta otro proceso por presunta concusión

No es el único expediente abierto contra el representante. Desde marzo de 2025, la Corte Suprema también lo investiga por presunta concusión en un proceso que está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana y aún permanece en etapa de recaudo de pruebas.

En esa causa, varios testimonios sostienen que Carreño habría exigido a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo entregar parte de sus salarios y realizar actividades personales, incluidos trabajos académicos para la maestría que adelanta. También se le atribuye haber presionado a asesores con la terminación de sus contratos si no accedían a entregar una fracción de sus ingresos.

Según información del proceso revelada por Noticias Caracol, dentro del expediente hay pruebas de que el dinero presuntamente recaudado entre sus trabajadores se habría destinado al pago de hoteles, estudios profesionales y ropa.

La publicación también reportó que entre las pruebas figura la declaración de su asistente Irene Amado, sobrina de Griselda Lobo, conocida en la antigua guerrilla con el alias de Sandra Ramírez.

La permanencia de estos procesos en la Corte depende del fuero y de la relación entre los hechos y la función parlamentaria. En el caso de Carreño, el alto tribunal podría conservar la competencia porque las conductas investigadas habrían ocurrido en el marco de su ejercicio como excongresista.

La investigación se suma a otros expedientes por violencia sexual contra aforados

El caso de Carreño aparece en un contexto más amplio de investigaciones contra integrantes del Congreso por presuntos delitos sexuales. El lunes 22 de junio, Miguel Ángel Pinto, expresidente de la Cámara y exvicepresidente del Senado, acudió a indagatoria ante el magistrado Misael Rodríguez por el delito de acceso carnal violento.

Según el expediente de Pinto, entre septiembre de 2009 y junio de 2010 se habría aprovechado de una condición de “superioridad” para instrumentalizar a una mujer subalterna y obligarla a tener relaciones sexuales durante diez meses. Como no aspiró a un nuevo período en 2026 y el caso no estaría ligado a su labor legislativa, el proceso pasará de la Corte a la Fiscalía cuando pierda el fuero.

También sigue en la Corte el proceso contra el senador Alirio Barrera, reelegido por el Centro Democrático. En abril, el alto tribunal abrió una investigación formal en su contra por presunto acto sexual violento por hechos que habrían ocurrido cuando era gobernador de Casanare, hace diez años, contra una mujer que buscó su apoyo para un evento de juventudes cristianas.