Uribe denuncia presunta persecución política y afirma que la Fiscalía actúa “sin pruebas” para buscar su captura antes del fin del Gobierno Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y hechos de violencia ocurridos en Antioquia a finales de los años noventa, asegurando que el proceso carece de pruebas y responde a motivaciones políticas en su contra.

“Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”, escribió el expresidente Uribe Vélez, al rechazar la investigación que avanza en su contra por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y hechos de violencia ocurridos en Antioquia a finales de los años noventa.

La declaración del exmandatario se produce tras la citación a indagatoria emitida por la Fiscalía General de la Nación (Colombia), en el marco de un expediente que investiga hechos ocurridos entre 1996 y 1997, cuando Uribe ejercía como gobernador del departamento de Antioquia. La diligencia judicial fue programada para el 24 de julio y hace parte de un proceso que ha generado amplio debate político en el país.

El caso se centra en presuntas incursiones de grupos paramilitares en zonas rurales del departamento, particularmente en los municipios de Ituango, La Granja y El Aro, donde se habrían registrado homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y robo de ganado durante ataques atribuidos a estructuras armadas ilegales.

Dentro del expediente también se incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998, luego de que denunciara presuntos vínculos entre actores armados ilegales y miembros de la fuerza pública en la región de Antioquia. Este crimen es considerado uno de los episodios más sensibles dentro del contexto del conflicto armado en el departamento, según la BBC.

Otro de los elementos bajo investigación es la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, propiedad de la familia Uribe Vélez desde la década de 1970. Según las hipótesis del caso, este predio habría sido utilizado como punto de referencia o posible base logística de estructuras armadas ilegales durante el periodo investigado, aspecto que la Fiscalía analiza dentro del conjunto probatorio.

El proceso judicial evalúa posibles delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en el contexto del conflicto armado interno que vivió Colombia en la década de los noventa. Por ahora, la investigación se encuentra en etapa de indagación y no ha derivado en una imputación formal ni en una decisión de fondo por parte de las autoridades judiciales.

Las declaraciones de Uribe han intensificado la controversia política en el país. El exmandatario insiste en que se trata de una persecución política y cuestiona la actuación de la Fiscalía, señalando que el proceso se adelanta sin el recaudo suficiente de pruebas y con una intención de afectarlo judicial y políticamente.

En contraste, sectores del gobierno han defendido la independencia de la justicia y la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de hechos relacionados con el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro ha reiterado en varias ocasiones la importancia de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia, especialmente en regiones afectadas por el paramilitarismo.

Este proceso se suma a otros expedientes judiciales que han involucrado al expresidente Uribe en los últimos años, algunos de ellos relacionados con presunta manipulación de testigos y actuaciones ante la justicia que han tenido diferentes desarrollos en instancias judiciales.

Aunque algunos fallos han sido modificados, el conjunto de investigaciones mantiene su relevancia en el debate público.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía continúa recolectando pruebas, testimonios y análisis de contexto para determinar si existen méritos suficientes para avanzar a una eventual etapa de imputación. La citación del 24 de julio se mantiene como un punto clave dentro de un expediente que sigue generando alta tensión política y jurídica en Colombia.