La presentación de un informe sobre violencia de género en Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) volvió a poner el foco sobre una crisis que, según Fondejusticia y Verdad, sigue marcada por feminicidios, agresiones previas no atendidas y fallas en prevención, protección y justicia.
El documento cita 886 casos reportados por el Observatorio de Feminicidios Colombia en 2025 y otros 129 contabilizados por la Defensoría del Pueblo a corte de marzo de 2026.
El informe presentado ante la OEA sostiene que en Colombia la violencia contra las mujeres sigue siendo estructural y adopta formas como feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia digital, violencia institucional y violencia política basada en género.
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Según Fondejusticia y Verdad, organización que presentó el documento, los casos documentados de 2025 y 2026 muestran barreras persistentes en protección, acceso a la justicia e investigación de los hechos.
Fondejusticia y Verdad presentó en Ciudad de Panamá el informe Las Queremos Vivas, Ni Una Más, Ni Una Menos – Informe sobre Violencia de Género en Colombia y Panamá 2026, durante el 56° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebra del 22 al 24 de junio de 2026.
La organización indicó que puso el documento en conocimiento de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
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Según la organización, Hilda Lorena Leal, secretaria ejecutiva, y Carolina Guarín, directora de proyectos, documentaron durante el último año casos de feminicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia digital, violencia política basada en género y violencia institucional.
Leal afirmó en declaraciones difundidas por Fondejusticia y Verdad: “Detrás de cada cifra existe una mujer, una familia y una historia que no puede ser reducida a un dato estadístico. Este informe es un llamado a los Estados para que escuchen a las víctimas, fortalezcan los mecanismos de protección y garanticen que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la violencia o la búsqueda de justicia”.
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Los patrones de violencia que identifica el informe
El informe oficial de Fondejusticia y Verdad sostiene que la violencia basada en género en Colombia no responde a hechos aislados, sino a un fenómeno estructural que atraviesa la vida familiar, laboral, educativa, comunitaria, política y digital.
También señala mayores riesgos para mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, niñas, adolescentes, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos.
Entre los patrones de 2025 y 2026, el documento enumera violencia ejercida por parejas o exparejas, agresiones previas, amenazas reiteradas, escasa respuesta institucional y mecanismos de control psicológico y económico.
“Las investigaciones muestran que muchas víctimas habían sufrido previamente agresiones físicas, amenazas, control económico, vigilancia permanente y restricciones a su libertad”, se lee en el informé.
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El feminicidio representa la expresión más extrema de esta violencia y suele ser la fase final de procesos prolongados que pudieron detectarse antes.
Con base en la investigación, que la mayoría de los casos reportados involucraba a la pareja o expareja de la víctima.
El documento también advierte sobre el crecimiento de la violencia digital contra mujeres y niñas en 2026, con denuncias por difusión no consentida de contenido íntimo, acoso digital, suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes o videos sexuales falsos.
A eso suma la violencia institucional, que el informe vincula con demoras en investigaciones, revictimización, falta de seguimiento a denuncias e insuficiencia de medidas de protección.
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Casos citados por el informe
Uno de los casos citados es el de Sandra Milena Castro Quiñónez, atacada en enero en un parque del noroccidente de Bogotá.
Según ese medio, su entonces compañero sentimental, César Camilo Aldana, la hirió con arma blanca en por lo menos 55 ocasiones.
Una conclusión de Fondejusticia y Verdad: “Este caso refleja la persistencia de la violencia extrema dentro de relaciones de pareja y demuestra cómo la violencia física suele estar precedida por formas previas de control, intimidación o agresión psicológica”.
El informe oficial menciona ese caso y atribuye su fuente original a Infobae. Otro episodio retomado por el informe oficial ocurrió en Yotoco, Valle del Cauca, donde una mujer fue asesinada y las autoridades señalaron como principal sospechoso a un familiar cercano.
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El documento advierte: “La prevención de la violencia intrafamiliar requiere estrategias integrales de detección temprana y acompañamiento psicosocial”.
El informe oficial incorpora además otros casos de 2026 en Boyacá, Medellín, Santander, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Meta, Montería, Cartagena y la localidad de Kennedy en Bogotá.
La organización los presenta como ejemplos de patrones repetidos de violencia de pareja, control coercitivo, violencia intrafamiliar, afectaciones a niñas y adolescentes y cuestionamientos sobre la respuesta judicial.
Violencia política y reclutamiento de menores
El documento de Fondejusticia y Verdad dedica un capítulo a la violencia política basada en género contra la senadora María Fernanda Cabal Molina. Según la organización, el caso reúne amenazas, campañas de hostigamiento digital, estigmatización pública y más de 56 denuncias sin resultados efectivos conocidos.
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El informe aclara que se trata de un análisis desde la perspectiva de derechos humanos y no de una conclusión judicial.
También sostiene que la falta de avances proporcionales en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsables plantea dudas sobre la protección efectiva para las mujeres que participan en la vida pública. Otro de los focos sobre Colombia es el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales, que el informe define como una emergencia humanitaria.
Según el documento, la Defensoría del Pueblo registró entre 463 y 578 casos conocidos en 2024, y 55 nuevos durante el primer semestre de 2025, de los cuales 35 correspondieron a menores indígenas.
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El informe añade que United Nations Children’s Fund (Unicef) informó en 2026 un aumento del 300% en los últimos cinco años, al pasar de 116 casos verificados en 2020 a 453 en 2024.
También recoge que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados por las Farc entre 1971 y 2016. En junio de 2026, según el mismo informe, al menos 11 menores murieron en enfrentamientos entre estructuras armadas en Barranco Colorado, San José del Guaviare.
El documento presenta ese hecho como muestra de las consecuencias más graves del reclutamiento y de la fragilidad de la protección estatal en los territorios. Según El Tiempo, Fondejusticia y Verdad plantea la necesidad de reforzar la detección temprana del riesgo, la coordinación entre entidades, las rutas de atención y el acceso real a la justicia.
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