La indagatoria por contratos y nombramientos puso a la senadora Martha Peralta en el centro de una investigación de la Corte Suprema de Justicia por su presunto papel en gestiones dentro de la Ungrd a cambio de apoyo político a iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional.
Según el auto citado por Semana, la Corte sostiene que Peralta habría convenido con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco contratos y nombramientos para personas recomendadas por ella en la Ungrd.
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La actuación judicial también la vincula con una supuesta coordinación de peticiones de congresistas de la Comisión Séptima, dentro de un esquema orientado a respaldar el trámite de la reforma pensional.
El expediente, de acuerdo con Semana, recoge testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides. También incluye la declaración de Velasco, a quien la nota atribuye la instrucción de “acompañar” el trámite de los proyectos de ley que cursaban por la Comisión Séptima.
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Olmedo López, exdirector de la entidad, dijo que entendió esa orden como la gestión de contratos y vinculaciones en la Ungrd para atender solicitudes de congresistas y consolidar mayorías políticas.
El auto, citado por el medio mencionado, añade que Velasco se habría reunido antes con Peralta “a efectos de convenir algunos contratos y nombramientos de la Ungrd a personas recomendadas por la aforada”.
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La Corte también señala, según la nota, que la senadora “actuaba como coordinadora de un grupo de congresistas cuyas peticiones debía atender”. Esa es la base de la indagatoria por interés indebido en la celebración de contratos y por tráfico de influencias.
El caso de la hoja de vida enviada a la Ungrd
Uno de los episodios que detalla el auto es la recomendación de Domitila Iguarán para un cargo en la Ungrd.
Según el documento citado por Semana, Peralta pidió su vinculación por tratarse de una persona para su actividad política en La Guajira.
La actuación judicial indica que la hoja de vida fue remitida el 16 de agosto de 2023. La vinculación, añade el texto, se produjo aproximadamente dos meses después.
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Los contratos del programa de mantenimiento de jagüeyes
El otro frente de la indagatoria apunta a contratos de obra en zonas de base política de Peralta. Según el documento reseñado por el medio ya citado, la senadora reclamó como propia esa contratación y orientó a qué personas con maquinaria amarilla debían entregarse esos contratos.
Entre las pruebas aparece la orden de proveeduría SMD 189 de 2023 por más de $2.125 millones. La nota la vincula con Isa Rizcala y Jorge Rizcala, en un acuerdo que, según el auto, ya se había concertado con la senadora.
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La Corte advirtió que días antes, en septiembre de 2023, Peralta y esas dos personas se reunieron en la sede de la Ungrd. El propósito, según el documento, era facilitar su contratación en el programa de mantenimiento de jagüeyes.
Los testimonios y la presunta lista de recomendados
El soporte testimonial mencionado por Semana también incluye una supuesta lista de nombres y teléfonos que Peralta habría entregado para nombramientos o contrataciones.
Olmedo López afirmó ante la Corte: “Yo tomo nota de unos nombres y teléfonos y esa relación yo se la paso al subdirector Sneyder Pinilla para que esas personas, esos nombres, esos teléfonos él a bien los convoque, revise qué tipo de maquinaria tienen, si realmente corresponde a las necesidades y, si él lo considera, los contrate en la recuperación de esos jagüeyes”.
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Otro pasaje del auto, citado por la revista, señala que López hizo contacto con la congresista y que ella le mostró una lista de profesionales de distintas áreas para ser nombrados o contratados. El mismo apartado menciona contratos a nombre de personas que luego serían llevadas a la entidad y otros convenios que beneficiarían a otros legisladores.
La nota ubica este caso dentro de un esquema más amplio con varios grupos de congresistas bajo investigación. Allí aparecen los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle; un bloque relacionado con la Comisión de Crédito Público, con nombres como Karen Manrique, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz; y otro grupo que, según la investigación, habría encabezado Julio Elías Chagüi.
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En ese mapa, el grupo de Peralta corresponde a congresistas de la Comisión Séptima que apoyaron la reforma pensional. Tras comparecer ante la Corte, la senadora insistió ante los medios en que ha atendido las citaciones y sostuvo que el proceso obedece a una motivación política ligada a su papel dentro del proyecto oficialista.
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