La probabilidad de acceso a vivienda propia en hogares de bajos ingresos en Colombia se elevó en un 200%, según estudio

Una robusta investigación económica liderada por Fabio Sánchez Torres, María del Pilar López-Uribe, y Jorge Caputo Leyva, integrantes del Centro de Estudios Económicos (Cede) de la Universidad de los Andes, determinó la implementación del ya finalizado programa Mi Casa Ya (MYC) en Colombia, que generó un aumento del 199% en la probabilidad de que hogares de bajos ingresos accedan a vivienda propia.

El análisis, difundido en junio de 2026, abarcó 33.244 hogares en todo el país, encuestas a 3.612 hogares y recursos administrativos de quienes utilizaron registros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para dejar en evidencia los beneficios que esta política nacional, implementada en la administración del expresidente Juan Manuel Santos, trajo a los colombianos.

El estudio concluyó que el subsidio de vivienda mejoró el acceso a vivienda propia y se asoció con avances en servicios, seguridad, empleo formal, ingresos, inclusión financiera y reducción de pobreza en hogares de bajos ingresos en Colombia.

De acuerdo con el estudio, este programa además redujo el déficit habitacional total en un 45,9%, además de provocar mejoras notables en empleo formal, ingresos familiares, acceso a servicios públicos y seguridad, con efectos más marcados en mujeres y familias vulnerables.

“Es probable que los resultados positivos documentados para el MCY se deban al diseño del programa, que se basa en la demanda: los beneficiarios conservan la capacidad de elegir el proyecto de vivienda que prefieran dentro del inventario disponible de unidades asequibles, lo que les permite equilibrar la calidad de la vivienda, las condiciones del vecindario y la proximidad al empleo y a los servicios”, se lee en el documento.

Cambios en acceso a vivienda y servicios básicos

Uno de los principales hallazgos del informe es que los hogares beneficiarios de Mi Casa Ya son 36,7 puntos porcentuales más propensos a ser propietarios respecto al grupo de control, donde solo el 18,4% poseía vivienda al inicio.

Según los datos, el 94% de los beneficiarios reside efectivamente en la vivienda adquirida a través del programa.

El programa, además, logró una reducción del 13% en el déficit cualitativo, vinculado con carencias en servicios básicos o materiales. El acceso a internet domiciliario subió un 56% entre los beneficiarios, mientras que el acceso a sistemas de alcantarillado y recolección de basuras aumentó un 2,6% y 2% respectivamente. El indicador de habitaciones por persona se elevó un 20%.

Impacto en seguridad y reducción de delitos

El análisis permitió evidenciar que, incluso, el entorno de los hogares beneficiarios experimentó mejoras sustanciales en seguridad. Las probabilidades de ser víctima de robo se redujeron un 43%, las de robo residencial un 61% y las de homicidio en los nuevos barrios hasta un 84%, según registros de la Policía Nacional y encuestas propias del estudio.

Estos efectos resultaron más intensos en mujeres cabeza de familia y en hogares del segmento de menores ingresos, donde la reducción del déficit habitacional alcanzó el 65%.

El subsidio también favoreció la formalización laboral y el incremento de los ingresos familiares. Los datos recopilados muestran que los beneficiarios presentan un 25% mayor ingreso total del hogar y un 18% más de ingresos laborales individuales.

De hecho, la probabilidad de cotizar a pensión aumentó en 9,3 puntos porcentuales, mientras que el salario diario formal se incrementó un 27,7% un año después de recibir el crédito hipotecario.

Los efectos sobre el ingreso laboral fueron especialmente visibles entre las mujeres beneficiarias, con un aumento del 39%, frente a un efecto nulo entre los hombres. El estudio recoge la siguiente afirmación: “Contar con una vivienda formal y segura cambia profundamente el acceso de las mujeres al mundo del trabajo: no solo ganan independencia, también acceden a mejores empleos y más oportunidades”.