La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó el 17 de junio el predio ubicado en el barrio El Barzal de Villavicencio a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Uaemc).
El inmueble, con un área de 367 metros cuadrados y valor comercial superior a $1.008 millones, será la nueva sede del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de la Regional Orinoquía. Según informó la entidad, este centro fortalecerá la regularización migratoria, la atención a población vulnerable y la prevención de delitos como la trata de personas.
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La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, afirmó: “Con esta entrega seguimos demostrando cómo los bienes que antes estuvieron al servicio de la ilegalidad hoy se transforman en herramientas concretas para fortalecer la presencia del Estado y garantizar derechos en los territorios”.
La funcionaria subrayó la importancia de coordinar con entidades como Migración Colombia para dar un uso social y eficiente a los activos incautados.
Un inmueble con historia: patrimonio del cartel del Llano
El predio fue propiedad de Gloria Emelina Muñoz Santoyo, alias la Química o la Maniquemada, que encabezó la lista de personas presuntamente vinculadas al cartel del Llano, una organización que, según un informe de la Policía Nacional, mantuvo una estructura similar a los carteles de Medellín y Cali.
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Muñoz Santoyo, capturada en el año 2000, fue señalada como responsable del manejo financiero y operativo del cartel, así como de la dirección de laboratorios de procesamiento de narcóticos en la región oriental del país.
La organización, nacida en los Llanos Orientales, alcanzó su mayor auge en la década de 1990, cuando produjo cerca del 70% de la cocaína en Meta, Guaviare y Vichada. El cartel del Llano sustentó su poder económico a través de empresas fachada, haciendas, estaciones de servicio y cuentas bancarias en diferentes ciudades, además de alianzas con actores armados ilegales.
La propiedad fue embargada en agosto de 1997 y, tras un proceso judicial, en julio de 2019 se ratificó la extinción de dominio, permitiendo su transferencia definitiva al Estado.
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Centro migratorio: impacto y servicios en la región
El nuevo Centro Facilitador de Servicios Migratorios permitirá la expedición de documentos, trámites de regularización bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpmv) y atención especializada a población vulnerable. Además, se impulsarán programas de prevención frente a la trata de personas, tráfico de migrantes y acciones de verificación migratoria.
El inmueble cuenta con una construcción de 287,51 metros cuadrados, adaptada para garantizar accesibilidad, distribución operativa y atención eficiente a la ciudadanía. La cobertura del centro beneficiará a migrantes y nacionales residentes en los 29 municipios del Meta, ampliando la presencia institucional y el acceso a servicios públicos.
La SAE destacó que el uso de este activo contribuye a optimizar el gasto público, evitando costos de arrendamiento y fortaleciendo el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc) de Villavicencio.
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“La articulación entre entidades estatales permite que bienes incautados al crimen organizado se conviertan en instrumentos para la justicia social y el desarrollo regional”, remarcó la presidenta de la SAE.
Antecedentes: la caída del cartel del Llano y su estructura criminal
El cartel del Llano fue detectado tras operaciones del Bloque de Búsqueda en diciembre de 1995, cuando la Policía descubrió documentos y laboratorios que evidenciaban la existencia de una organización mafiosa en los Llanos Orientales.
La estructura contaba con divisiones encargadas de la producción, procesamiento, comercialización y transporte de cocaína, así como de la administración de recursos ilegales. La Fiscalía emitió órdenes de captura contra 29 integrantes, incluyendo a Gloria Emelina Muñoz Santoyo y Franklin Ramírez Colorado, ambos detenidos.
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El informe policial detalla que la organización mantenía laboratorios y pistas clandestinas en Guaviare y Vichada, y que su imperio económico abarcaba compañías de fumigación, concesionarios de vehículos, hoteles y empresas de transporte. Las autoridades continuaron interviniendo bienes y cuentas bancarias para desmantelar la red financiera del cartel.
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