Sindicato de trabajadores del Estado exigió a Petro respuestas sobre situación laboral de funcionarios tras cierre del Ministerio de la Igualdad

El Ministerio de la Igualdad realizará su cierre administrativo el viernes 19 de junio de 2026, tras la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma que le dio origen. En plena liquidación, trabajadores de la cartera protestan por la posible pérdida de empleos y por la falta de claridad sobre el proceso.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) advirtió en un comunicado sobre “la pérdida de 720 puestos de trabajo del Ministerio de Igualdad” y sobre la situación de “más de 650 servidores públicos”, según un comunicado. El gremio también dijo que “rechaza las actuaciones adelantadas por el Ministerio de la Igualdad que van en contravía de los derechos fundamentales de las y los servidores”.

Según Sunet, el jueves 11 de junio de 2026 una reunión virtual notificó a los trabajadores que el cierre se realizaría el 19 del mismo mes, pese a solicitudes previas de información. “Solicitamos que con tiempo prudente y de cara a los trabajadores y trabajadoras, el Ministro de la Igualdad y su equipo directivo advirtieran la situación que acontecía y fueran claros con los tiempos, alcances y garantías para el proceso administrativo de fusión, reestructuración o liquidación”, indicó.

El sindicato sostuvo que “la falta de información y ausencia de una ruta clara sobre el futuro de la entidad ha generado dentro de las y los trabajadores incertidumbre, preocupación, sobrecarga, tensiones en el clima laboral e incluso impactos a la salud física y mental”, destaca el documento. A propósito, afirmó que las acciones administrativas se comunican con siete días hábiles de anticipación y que otra reunión fue convocada para este martes 16 de junio, a la que en principio el ministro Luis Acosta no asistió, lo que causó molestias.

Sunet aseguró que los trabajadores se declararon en “estado de alerta” y que realizarán reuniones para proteger los cargos

El sindicato también pidió al presidente Gustavo Petro Urrego que aclare quién conducirá el cierre de la cartera, qué pasará con los empleados y por qué el Gobierno nacional previó trasladar funciones, proyectos y presupuesto sin incluir los cargos de los servidores públicos. La organización sindical sostuvo que el anuncio formal del cierre administrativo para el 19 de junio de 2026 dejó sin respuesta la garantía de derechos laborales fundamentales.

La carta, presentada como derecho de petición, precisa que las y los servidores públicos de la entidad fueron informados el 11 de marzo de 2026 sobre la terminación administrativa del ministerio. Según Sunet, la explicación entregada por delegados del ministro no despejó la situación laboral ni las rutas para proteger a la planta de personal.

En el escrito dirigido a la Presidencia, el sindicato reclamó información sobre la fase posterior al anuncio y sobre las decisiones que podrían adoptarse una vez se formalice la liquidación.

El reclamo central del sindicato apunta a tres frentes: la designación del agente liquidador, la eventual desvinculación de trabajadores en provisionalidad y la exclusión de los empleos del plan de transición estatal. En su presentación al presidente, Sunet sostuvo que el proceso fue comunicado sin aclarar esos puntos y que esa omisión afecta derechos laborales fundamentales.

En el primer requerimiento, Sunet solicitó que se informe “qué persona o grupo de personas serán designadas como agente liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1105 de 2006”.

La pregunta no solo busca un nombre. El sindicato la vincula con la conducción formal del proceso y con la necesidad de saber quién asumirá la responsabilidad institucional sobre las decisiones laborales que se adopten en la etapa de cierre.

El segundo punto del derecho de petición se concentra en el plazo inmediato posterior a la asunción del liquidador. El Sunet pidió que se informe si “dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el liquidador asuma sus funciones, el Gobierno Nacional o el ente liquidador tienen planeado realizar desvinculaciones de los servidores públicos de la planta de personal vinculados en provisionalidad”.