
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue sancionado con tres días de arresto y una multa, luego de que el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá lo declarara en desacato por incumplir una orden de la Corte Constitucional que le exigía ofrecer disculpas públicas a las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La decisión judicial se deriva del presunto incumplimiento de la Sentencia T-375 de 2025 y de la orden emitida por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025, mediante la cual se le ordenó al congresista realizar un acto de disculpas públicas por las declaraciones consideradas inexactas en torno a la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, desarrollada por las Madres de Familia de Falsos Positivos (Mafapo).
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En la providencia, el juzgado concluyó que Polo Polo incumplió la orden impartida por el alto tribunal y adoptó medidas sancionatorias mientras continúa el trámite relacionado con la ejecución del fallo.

En la parte resolutiva de la decisión, el despacho judicial determinó: “DECLARAR a MIGUEL ABRAHAM POLO POLO, en DESACATO por haber incumplido la orden de tutela proferida por la Honorable Corte Constitucional, de fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)”.
Además, impuso una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, recursos que deberán ser consignados a favor del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la providencia.
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La decisión también incluyó un nuevo requerimiento para que el representante a la Cámara cumpla de manera inmediata con lo ordenado por la Corte Constitucional. El juzgado señaló que las disculpas públicas deberán ajustarse estrictamente a los parámetros fijados por el alto tribunal.
“La disculpa pública deberá cumplir íntegramente el contenido ordenado, sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor; y permanecer publicada por un término no inferior a seis (6) meses, en los mismos perfiles de redes sociales utilizados para la publicación inicial”, indicó el despacho.
La providencia ordenó igualmente notificar la decisión a las partes interesadas y dispuso que el expediente sea consultado ante el superior jerárquico en efecto suspensivo.
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La controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando Miguel Polo Polo retiró varios pares de botas que hacían parte de la instalación artística “Mujeres con las botas bien puestas”, una exposición impulsada por Mafapo y presentada como un homenaje a las víctimas de los llamados falsos positivos.
Tras esos hechos, el colectivo acudió a la acción de tutela, proceso que culminó con la expedición de la Sentencia T-375 de 2025 por parte de la Corte Constitucional.
En esa decisión, el tribunal ordenó al congresista devolver las botas retiradas o, en caso de no contar con ellas, informar al juzgado competente para la conformación de una mesa de diálogo que definiera mecanismos de reparación. Asimismo, dispuso la realización de disculpas públicas y la participación obligatoria de Polo Polo en un acto con las víctimas para reiterar su arrepentimiento en el marco de un nuevo homenaje.
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Posteriormente, el 5 de marzo de 2026, el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá abrió un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden judicial relacionada con las disculpas públicas dirigidas a las madres de los falsos positivos de Soacha.
Según el documento judicial conocido en ese momento, el despacho requirió al representante para que acreditara el cumplimiento de la sentencia de tutela y advirtió que, una vez vencido el término de traslado dentro del incidente, adoptaría una decisión de fondo sobre la ejecución de las órdenes impartidas.

Como parte de las actuaciones adelantadas para cumplir con la sentencia, Polo Polo publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó: “Quiero dejar en claro que a las señoras de la fundación Mafapo no las conozco, no sabía quiénes eran, ni mucho menos que esa exposición era de ellas. Les presento disculpas, como me lo ordena la Honorable Corte, si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”.
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En el mismo comunicado, el congresista sostuvo que su actuación tenía como propósito cuestionar cifras relacionadas con los falsos positivos y afirmó que buscaba “derrumbar una mentira creada por la izquierda alrededor de un número inflado para hacer política y dinero”.
Sin embargo, el contenido de esa publicación fue cuestionado por Mafapo, organización que consideró que el mensaje no cumplía con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para la reparación simbólica de las víctimas.
En declaraciones concedidas a W Radio, Jacqueline Castillo, representante del colectivo, manifestó que el congresista continuaba revictimizando a las madres de las víctimas al insistir en que las cifras denunciadas estarían infladas. Sobre el contenido del comunicado, Castillo afirmó: “Dice que inflamos las cifras para sacarle dinero al Estado, que estamos dañando el buen nombre de las Fuerzas Militares cuando fueron ellos mismos”.
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Con la decisión del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, el congresista deberá acreditar el cumplimiento integral de la sentencia, mientras la providencia es remitida para consulta ante el superior jerárquico, conforme a lo dispuesto en el fallo.
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