Por qué el Gobierno Petro suspendió operaciones militares contra los llmados Comandos de Frontera: así lo explicó el jefe negociador de paz

La Zona de Ubicación Temporal creada en Valle del Guamuez, Putumayo, acogerá a cien integrantes desarmados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en un perímetro de 12 kilómetros, bajo monitoreo estatal e internacional, según explicó en Caracol Radio Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno para las conversaciones de paz.

Los admitidos deberán entregar sus armas y uniformes antes de ingresar, quedarán bajo supervisión nacional e internacional, y estarán sujetos a las normas del Estado en un proceso gradual orientado al inicio de la vida civil.

Novoa recalcó que esta zona, a diferencia del Caguán o la cárcel de La Catedral, se basa en el desarme y la ausencia de contacto con la población civil.

“Esto no es un Caguán o una Cárcel de la Catedral. Los hombres que ingresan allí dejan sus armas; es una zona distante del casco urbano y quienes están allá no tienen contacto con las comunidades”, sostuvo en el medio radial citado.

El jefe negociador insistió en que el propósito es avanzar en la reintegración, bajo control estatal y acompañamiento de organizaciones internacionales.

Reglas y supervisión en la Zona de Ubicación Temporal

Sobre el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal, Novoa explicó que el perímetro será de aproximadamente 12 kilómetros, que los integrantes “entran sin armas y sin uniformes” y que seguirán sujetos al Código Penal y a la legislación vigente.

Señaló que las armas “serán depositadas en espacios habilitados para ese fin, a cargo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, dirigido por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-Oea), para su destrucción posterior por las autoridades nacionales”.

La creación de la zona fue acordada en mayo de 2025, y en febrero de 2026 el presidente Gustavo Petro formalizó la resolución que pone en marcha el mecanismo y decreta la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares ofensivas en el área, de acuerdo con lo informado a Caracol Radio.

Al interior de la zona, “deberán regir las reglas del Estado social de derecho, las normas que observe el grupo estarán bajo el control de la Policía Nacional o la Unidad Nacional de Protección”. Remarcó que se trata de un tránsito a la vida civil y el primer paso para alcanzar un acuerdo de paz.

Impacto político y electoral según Armando Novoa

Consultado en Caracol Radio sobre posibles implicaciones en el proceso electoral, Novoa rechazó vínculos entre la creación de la zona y el beneficio a algún candidato presidencial.

“Eso es una afirmación efectista cuyo contenido no corresponde a la realidad”, afirmó. Insistió en que la ubicación alejada de centros poblados y la naturaleza de la medida excluyen cualquier influencia concreta en los resultados electorales.

“El área donde se hará la operación de la ubicación temporal no tiene un centro poblado cercano; no se observa de manera concreta cómo esta medida puede impactar el proceso electoral”, sostuvo.

Añadió que la decisión busca facilitar el tránsito de los combatientes a la legalidad, no intervenir en las preferencias de los votantes.

Riesgos, críticas y el papel de alias ‘Araña’

Sobre la percepción de beneficios para los integrantes del grupo armado, Novoa dijo en Caracol Radio: “No entiendo cómo se puede afirmar que es un beneficio, pues van a renunciar a la libertad que tienen bajo la ilegalidad para ubicarse en un territorio que está bajo el control de nuestra fuerza pública y en el cual regirán las normas del Estado social de derecho”.

Destacó que, a su juicio, las comunidades locales son las beneficiarias porque estos cien hombres dejarán de ejercer presión sobre ellas. Sobre Andrés Rojas, alias ‘Araña’ —líder del grupo actualmente detenido—, Novoa señaló:

“El proceso de paz que adelantamos busca desmontar esa estructura de poder en el territorio y lo hacemos mediante el diálogo, el compromiso para el desescalamiento de las economías ilegales y la renuncia a la violencia”.

Añadió que, en Putumayo y Nariño, durante 2024 y 2025, la tasa de homicidios se ha reducido en cerca del 50% como parte de ese compromiso. Añadió, además, logros como la destrucción de 15 toneladas de material explosivo en noviembre de 2025 y la cooperación en proyectos para la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.

Ante testimonios que atribuyen a ‘Araña’ el control social en la región, Novoa dijo: “Nuestra mesa de diálogos de paz no pretende fortalecer esa gobernanza criminal, sino desmontarla y recuperar el Estado social de derecho. El primer paso indispensable es retirar las armas a las unidades de ese grupo”.

Marco legal y perspectivas para la paz

En el plano jurídico, Novoa detalló que la Ley 1908 de 2018 establece el marco normativo para el desarme colectivo de grupos armados. Precisó en Caracol Radio que este grupo inicial de cien personas estará sujeto a verificación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Señaló que, aunque la Ley de Paz Total permite la suspensión de órdenes de captura, incluso de quienes tienen solicitud de extradición, en este grupo “ninguna de ellas tiene solicitud de extradición” y, por directriz presidencial, no podrán ingresar solicitados en extradición.

Destacó la necesidad de que el Congreso aborde la ley de sometimiento para permitir el paso a la vida civil bajo parámetros legales. Novoa manifestó que el objetivo es avanzar, antes del término del actual mandato, hacia una región con menor presencia armada y un incremento de la reintegración social en Putumayo.