La campaña presidencial de Iván Cepeda presentó un nuevo plan de gobierno que redefine las estrategias para Colombia, marcando diferencias respecto al actual gobierno y dejando de lado temas polémicos como la convocatoria a una asamblea constituyente o la reforma al Banco de la República.
Las propuestas, agrupadas bajo el concepto de Revolución Ética, incluyen un giro en la política salarial, al proponer que los incrementos del salario mínimo estén ligados a los índices de productividad.
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El plan de Cepeda, dado a conocer dos semanas antes de las elecciones, plantea ejes de transformación bajo tres “revoluciones”: ética, social y económica, y política, abandonando iniciativas asociadas al petrismo e impulsando mecanismos de participación ciudadana y combate a la macrocorrupción.
El plan incluye el rechazo explícito a cambios constitucionales y transformaciones en el banco central, mientras sitúa la recuperación de lo público, el bienestar social y la lucha contra redes mafiosas como prioridades a corto y largo plazo, según el documento programático y la información informada por Caracol Radio.
Principales líneas del programa social y ético
De acuerdo con el documento de la campaña, la transformación social propuesta por Iván Cepeda se fundamenta en una “revolución ética” que busca superar los efectos del neoliberalismo, la corrupción arraigada y la degradación política.
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El objetivo es recuperar lo público como valor, fortalecer la solidaridad y establecer nuevas bases de justicia social y solidaridad.
El plan establece la creación de un sistema especializado contra la macrocorrupción, capaz de desmantelar redes mafiosas y recuperar recursos para fines sociales. El restablecimiento de la ética en el sector público implica reducir los salarios de altos funcionarios, eliminar privilegios y fortalecer la transparencia en el Estado.
Todo ello, con el fin de poner los recursos públicos al servicio de la ciudadanía y devolver la confianza en las instituciones.
La política antidiscriminación es transversal al programa. Entre sus propuestas se incluyen acciones dirigidas a los pueblos étnicos, mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado, con la meta de construir una democracia plural. Se reconoce como indispensable el combate contra el racismo estructural, el patriarcado y las causas de la exclusión social para cerrar las brechas existentes.
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El plan sostiene que solo al ubicar a los sectores empobrecidos y marginados en el centro de la acción pública será posible recuperar la dignidad nacional.
La defensa de la salud, la educación, la ciencia y la cultura como derechos fundamentales, así como una política amplia de reparación para las víctimas, forman parte de una propuesta integral que prioriza la seguridad humana, la paz territorial y la protección de la vida.
Modelo económico, empleo y enfoque productivo
Según el contenido oficial del plan, la política económica de Cepeda se basa en la construcción de un modelo productivo y diversificado, dirigido a crear empleo digno y aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional.
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El programa propone superar la dependencia histórica del extractivismo y la especulación financiera, apoyando sectores estratégicos como la agroindustria, la salud, el turismo, la ciencia y la energía. Uno de los puntos es la reforma al salario mínimo: “La propuesta contempla aumentos del salario mínimo, aunque plantea que estos estén vinculados a los incrementos de la productividad”.
Esta iniciativa busca equilibrar la mejora de los ingresos con la sostenibilidad empresarial y el dinamismo económico.
El plan respalda la formalización laboral, priorizando la protección social y el reconocimiento del trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres. La economía popular y comunitaria ocupa un lugar central, con medidas para facilitar el acceso a crédito, asistencia técnica y compras públicas igualitarias.
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Se incluye el fortalecimiento de la banca pública y la oferta de crédito productivo orientado a la inclusión territorial y social, diferenciándolo de la banca comercial tradicional.
El diseño de instrumentos financieros específicos para mujeres, jóvenes y comunidades étnicas es otra de las apuestas.
En materia fiscal, el programa propone erradicar privilegios tributarios y combatir la evasión a gran escala, destinando mayores recursos a inversión social y en infraestructura. En lo relativo a política comercial, se apuesta por proteger la producción y las cadenas estratégicas nacionales a través de políticas arancelarias y de comercio exterior que se construyan conjuntamente entre el Estado, el empresariado y la sociedad civil.
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Revolución agraria, desarrollo rural y políticas ambientales
En el ámbito rural, el programa de Cepeda impulsa la distribución equitativa de tierras y el fortalecimiento de la economía campesina, con el objetivo de consolidar a Colombia como una potencia agroalimentaria.
El plan marca la meta de sumar un millón de hectáreas al proceso de redistribución, complementada por inversión en infraestructura, crédito y transferencia tecnológica, dirigidas especialmente a pequeños productores.
Se prevé la creación de una Alianza Nacional Alimentaria para integrar la producción campesina al consumo nacional, eliminar intermediarios y asegurar precios justos para productores y consumidores.
El fomento de la agroindustria comunitaria, la formalización de la propiedad y el enfoque en juventudes y mujeres rurales son componentes de esta estrategia.
El desarrollo rural está articulado a una visión de ordenamiento territorial y transición energética, con énfasis en la sostenibilidad ambiental. El uso eficiente del agua, la defensa de la biodiversidad y la lucha contra la deforestación tienen prioridad. El programa reconoce a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes como custodios legítimos de los ecosistemas. Se impulsa la bioeconomía y la recuperación de saberes ancestrales junto con el acceso a tecnologías limpias y el fortalecimiento de la política ambiental nacional.
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Participación ciudadana y democracia: el nuevo pacto nacional
La “Revolución Política” del plan de Iván Cepeda sitúa al poder de la ciudadanía y la democratización del Estado como ejes para combatir la corrupción y la exclusión política estructural.
El documento programático, abierto a la interlocución con sectores diversos, llama a un gran acuerdo nacional que trascienda lo partidista y fomente la participación activa de movimientos sociales y comunitarios en la gestión y control de lo público.

El programa impulsa reformas que fortalezcan la transparencia electoral, avanzando hacia la equidad de género en las listas de candidatos y la incorporación de mecanismos de democracia directa en las grandes decisiones nacionales. Se hace explícito el compromiso de gobernar “con el pueblo y para el pueblo”, priorizando la construcción colaborativa de las políticas públicas y el acompañamiento ciudadano en la ejecución y veeduría de los recursos públicos.
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El plan enfatiza la ampliación de canales para la denuncia y auditoría ciudadana sobre proyectos y gestión estatal, así como la garantía del derecho a la manifestación pacífica y la participación en la planificación territorial y presupuestaria.
El programa traza una visión que se distancia de los temas más controvertidos del actual gobierno, apostando por una hoja de ruta que sitúa a la sociedad y la justicia en el centro de la vida política colombiana.
El proyecto, según el documento oficial de la campaña, no se limita a reformas administrativas, sino que apunta a inaugurar una nueva etapa para Colombia, con el propósito de transformar su estructura social y política, y abre posibilidades de dignidad y prosperidad para el conjunto de la población.
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