
En la tarde del jueves 11 de junio de 2026, Gustavo Bolívar, conocido por su activismo y trayectoria en el Congreso, fue entrevistado por Semana para analizar el panorama político actual.
El exsenador compartió detalles sobre la estrategia electoral del Pacto Histórico, en cuya estructura participa actualmente, y las perspectivas frente a la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Según relató, desde el comité estratégico confiaban en obtener una victoria definitiva en primera vuelta, aunque finalmente el escenario obligó a un balotaje.
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A pesar de ese resultado, el dirigente afirmó que las bases de la coalición mantienen la expectativa de asegurar la continuidad en el Ejecutivo. De acuerdo con Bolívar, las comisiones del partido despliegan acciones en distintas regiones con el objetivo de consolidar apoyos y fortalecer la presencia territorial antes de la votación definitiva.
La revista citada detalló que el capítulo político de la entrevista abordó tanto proyecciones institucionales como balances de gestión legislativa, sumando así contexto a la coyuntura nacional.
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El caso Alison Salazar: denuncias, fallo judicial y dudas persistentes

Durante la última parte de la conversación, los moderadores consultaron a Bolívar sobre su posición respecto al caso de Alison Salazar, la menor de edad que denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de integrantes de la Policía Nacional durante el estallido social de 2021.
La joven, de 17 años, dejó una carta a sus familiares antes de quitarse la vida, en la que relató: “me manosearon hasta el alma”, extracto citado por el exsenador ante la audiencia de Semana.
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Bolívar rememoró los videos difundidos en redes sociales durante aquellas jornadas de protesta, en los que se observa a cinco uniformados de la Policía Nacional emplear la fuerza física para trasladar a la joven a una estación policial.
Pese a la contundencia de las imágenes, el exsenador expresó dudas sobre el dictamen judicial que absolvió a los agentes, dictamen sustentado en peritajes técnicos que no hallaron pruebas físicas de afectación sexual.
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Las autoridades judiciales concluyeron que no existían elementos materiales que acreditaran la denuncia de agresión sexual, motivo por el cual los uniformados resultaron exonerados de toda responsabilidad penal.
Declaraciones, señalamientos y el debate sobre la responsabilidad institucional
En el transcurso de la entrevista, Gustavo Bolívar reiteró su confianza en el testimonio de la menor: “Le creo a la niña”, afirmó, fundamentando su postura en el contenido de la carta escrita por Alison Salazar.
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El exsenador fue consultado sobre publicaciones en sus canales oficiales, en los que calificó a los policías implicados como “cerdos, asesinos y violadores”. Bolívar aclaró al medio que esos calificativos apuntaron exclusivamente a los involucrados en el expediente y no a toda la institución policial.
El dirigente político explicó que mantiene relaciones de respeto con otros miembros de la fuerza pública durante sus recorridos por regiones del país. “Mi señalamiento fue puntual y dirigido únicamente a quienes aparecen en los registros de ese caso”, sostuvo.
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En los días posteriores a la muerte de Alison, la controversia alcanzó especial notoriedad en la opinión pública. Semana explicó que la discusión se centró en la forma como los procedimientos de detención y traslado policial pueden derivar en afectaciones psicológicas y sociales, incluso cuando los dictámenes judiciales descartan delitos.
Críticas al sistema judicial y llamados a la reforma
Al cierre de la entrevista, Bolívar expuso su visión sobre la estructura operativa del sistema penal colombiano. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por Semana, existen “personas absueltas por los tribunales a pesar de los indicios en su contra, debido a que el sistema carece de los mecanismos de resistencia necesarios frente a sectores con capacidad de influir en las decisiones judiciales”.
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El exsenador abogó por reformas que fortalezcan los organismos de control y garanticen mayor independencia frente a presiones externas. Sus planteamientos, según reseñó la revista, se suman a un debate nacional sobre la efectividad y confianza en la justicia, especialmente en casos donde se cruzan denuncias de abuso policial y vulneración de derechos humanos.
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