Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta, la congresista que pidió que el presidente Gustavo Petro fuera suspendido de su cargo

La Procuraduría General de la Nación suspendió a la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, tras haber radicado un auto en el que pidió suspender al presidente Gustavo Petro en medio de una investigación por presunta participación indebida en política por parte del mandatario nacional.

La congresista del Pacto Histórico estará inhabilitada hasta el 20 de julio de 2026, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso de la República, según el documento revelado por Caracol Radio, lo que implicaría que no culminará su periodo legislativo.

La medida fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción con ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, que además abrió una investigación disciplinaria contra la representante por una conducta que, según la decisión, podría constituir una falta gravísima.

En ese mismo texto, la Procuraduría advirtió que, si Arizabaleta continuaba como presidenta de la Comisión de Acusación, ello “conlleva a poner en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana”, al considerar que solicitó la suspensión del mandatario sin tener competencia para hacerlo.

“... pudo incurrir en la falta gravísima prevista en el artículo 65 del CGD (Código General Disciplinario), por cuanto su conducta podría adecuarse al delito de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del Código Penal, al haber dispuesto de manera individual a través de auto de sustanciación No. 002 suscrito el 10 de junio de 2026, la medida cautelar de suspensión provisional del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego (...) sin tener competencia para ello y sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar, así como el grado de consulta y los parámetros para su cumplimiento”, se lee en el documento.

De igual manera, justificó la decisión en la necesidad de “preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.

Así mismo, el organismo concluyó que la limitación pretendida afectaba derechos derivados de la participación democrática, que tienen naturaleza fundamental.

“La limitación impuesta al primer mandatario, al haberse adoptado sin la competencia y formalidades legales debidas, afectan los derechos derivados de la participación democrática que tienen la naturaleza de fundamentales, de modo que el impacto en este caso de la medida cautelar que restringe la participación política del presidente trasciende a la representación política y actual que aquel ejerce, que se considera superior a la restricción impuesta a la congresista”, menciona el auto.

Cronología de los hechos

La polémica se originó el miércoles 10 de junio cuando Gloria Arizabaleta, en calidad como presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicó un auto en el que ordenaba suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial.

La congresista señaló que su decisión se debe a la investigación por presunta participación indebida en política electoral del jefe de Estado colombiano.

La indagación preliminar tiene como origen publicaciones de Petro en la red social X y discursos públicos que, presuntamente, favorecían la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en competencia con Abelardo De La Espriella.

No obstante, el punto más controvertido apareció en el trámite mismo de la decisión. Inicialmente, el auto pretendía saltarse etapas y remitir la medida directamente al Senado, lo que para algunos expertos fue considerado como inconstitucional, al recordar que el fuero presidencial establece que solo el Senado de la República puede suspender a un mandatario.

Horas después, Arizabaleta expidió un segundo documento en el que aclaró que la suspensión no se revertía y que sería enviada en consulta a los 16 integrantes de la Comisión en pleno.

La reacción política fue inmediata. El presidente Gustavo Petro, que se encontraba en Nueva York presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, calificó la actuación de Arizabaleta como un “chantaje y extorsión” y aseguró que continuará en su cargo hasta el final de su mandato constitucional.

El caso también abrió un frente penal contra la congresista. El exministro Luis Felipe Henao la denunció ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato por acción.

Frente a la decisión de la Procuraduría, Gloria Arizabaleta no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, pese a que estaba previsto que el jueves 11 de junio realizaría una rueda de prensa en la que iba a explicar el motivo de su solicitud, pero que fue cancelada por motivos personales.