
La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió el miércoles 10 de junio un comunicado en el que aseguró que el presidente Gustavo Petro Urrego continúa ejerciendo plenamente sus funciones constitucionales y legales, en medio de los reportes difundidos durante la jornada sobre una supuesta suspensión de sus funciones como jefe de Estado.
El pronunciamiento de la misión diplomática se produjo mientras el mandatario ejerce la presidencia de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York. La aclaración surge después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenara una suspensión provisional contra Petro hasta el 21 de junio, dentro de una investigación relacionada con una presunta participación en política.
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De acuerdo con el comunicado divulgado desde Washington, la embajada manifestó que las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales no corresponden al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes colombianas para una eventual suspensión de las funciones presidenciales.
“(...) la Embajada de Colombia en Estados Unidos informa que el señor Presidente de la República, S.E. Gustavo Petro Urrego, está en pleno ejercicio de las funciones constitucionales y legales”, indicó la representación diplomática.

En el documento, la embajada señaló que una medida de suspensión contra el presidente de la República no puede entenderse por fuera de los procedimientos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano. Según la comunicación oficial, “los referidos reportes no reflejan el proceso de rango constitucional y legal que el ordenamiento colombiano establece para que una medida de suspensión de funciones como la que ha sido difundida pudiese, si fuese del caso, ser adoptada legalmente, de manera colectiva, por el Congreso de la República”.
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La embajada señaló además que Petro conserva plenamente la investidura. “Se reitera que el señor Presidente de la República, S.E. Gustavo Petro Urrego, está plenamente investido de las facultades y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales atinentes a su cargo y actualmente se encuentra ejerciendo la presidencia de Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York”, concluyó el comunicado.
La suspensión provisional ordenada por la Comisión de Acusaciones

Durante la mañana del mismo miércoles 10 de junio, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, presidida por la congresista Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. La determinación fue sustentada en una supuesta infracción a las normas de neutralidad que deben observar quienes ejercen funciones públicas.
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El documento oficial que respalda la decisión establece que “la suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas”. La orden tendría vigencia hasta las 4:00 p. m. del 21 de junio, fecha en la que concluirá la jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial en Colombia.
La decisión generó reacciones en distintos sectores políticos y dentro del Gobierno nacional, así como pronunciamientos relacionados con las competencias institucionales para adoptar una medida de esa naturaleza contra un presidente en ejercicio.
Petro cuestionó la competencia de la Comisión para suspenderlo

Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión y sostuvo que, en su criterio, la medida desconoce los procedimientos previstos por la legislación colombiana. “En mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”, declaró el mandatario al conocer la noticia de la suspensión provisional.
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Petro también cuestionó la facultad de la Comisión de Investigación y Acusación para ordenar una medida de esa naturaleza contra un presidente de la República. “La Comisión de Acusación no es la que suspende” a un presidente, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que sostuvo que ello requeriría un procedimiento diferente dentro de las instancias judiciales y constitucionales correspondientes.
Asimismo, manifestó dudas sobre la competencia de la comisión para adoptar la medida y aseguró que se trataría de una operación destinada a “extorsionar al Gobierno”.
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