El representante Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusación luego del anuncio de la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro: “Carece de fundamento”

La renuncia irrevocable del representante Leonardo Gallego Arroyave a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes expuso una fractura política e institucional en torno al trámite contra el presidente Gustavo Petro: el congresista dejó su asiento tras la radicación de una medida cautelar que pidió la suspensión provisional del mandatario y sostuvo que esa decisión “carece de fundamento suficiente” y produce efectos que desbordan las competencias de la comisión.

La dimisión quedó consignada en una carta dirigida al presidente de la Cámara, el representante Julián David López Tenorio, fechada en Bogotá el 10 de junio de 2026.

El detonante que identificó en su carta fue el auto radicado por la representante Gloria Arizabaleta, en el que se pidió la suspensión provisional del presidente Petro. Para Gallego, el problema no se agota en la validez jurídica de esa actuación, sino en su impacto político en medio de un escenario de alta sensibilidad.

En la comunicación oficial, el representante del Valle del Cauca explicó el motivo central de su decisión sin matices personales ni partidistas. “He tomado esta decisión como expresión de mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy y, particularmente, por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la Comisión”.

La carta no discute solo una providencia puntual. También fija una posición sobre el papel que debe cumplir la comisión frente al poder ejecutivo y frente al calendario político, al rechazar que ese escenario se convierta en un instrumento de disputa coyuntural.

Gallego sostuvo que la Comisión de Investigación y Acusación “no fue concebida para favorecer o perjudicar a ningún gobierno de turno, ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”. En el mismo pasaje, agregó que su misión constitucional es actuar “con independencia, imparcialidad y estricto apego al ordenamiento jurídico”.

Ese señalamiento contiene una de las alertas más precisas del documento: el congresista no solo cuestiona la solidez de la medida cautelar, sino la posibilidad de que una decisión de esa naturaleza sea leída como intervención política. Su objeción, tal como quedó redactada, se dirige al uso institucional de la comisión en un momento que él define como electoralmente sensible.

El representante añadió que las actuaciones del órgano deben preservar “la confianza ciudadana en las instituciones” y garantizar que estén libres “de cualquier consideración política o electoral”. La carta sitúa ahí el núcleo de su desacuerdo con el trámite que precipitó su salida.

En otro tramo del documento, Gallego afirmó que las circunstancias actuales exigen “una reflexión profunda sobre la necesidad de proteger la autonomía institucional”. En esa misma idea, advirtió sobre el riesgo de que decisiones adoptadas en escenarios de alta sensibilidad política “puedan interpretarse como una injerencia en el debate democrático o en la voluntad de los ciudadanos”.

La formulación va más allá de una discrepancia procedimental. El representante plantea que el costo de ese tipo de actuaciones puede recaer sobre la percepción pública de la separación de poderes y sobre la legitimidad de las instituciones encargadas de investigar.

Ese enfoque reaparece en el cierre de la carta, donde justifica su salida como “un acto de coherencia” con sus principios y con su compromiso de defender “la separación de poderes, el Estado de Derecho y la integridad de las instituciones republicanas”. El escrito también incluye un agradecimiento por la confianza recibida durante el tiempo en que ejerció esa responsabilidad y reitera su compromiso con “la defensa de la Constitución y la democracia”.