Zonas de Ubicación Temporal del Gobierno Petro estarán bajo la lupa: Consejo de Estado estudiará riesgos por el traslado del Clan del Golfo

El Consejo de Estado, en una determinación trascendental para el futuro de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), abrió una revisión judicial sobre la legalidad de estos espacios, impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a 16 días de su entrada en operación. Y, con ello, admitió una tutela que denuncia las demoras para decidir la suspensión provisional de la norma que las creó.

De acuerdo con el abogado Mauricio Pava Lugo, estas zonas advierten un riesgo constitucional por el traslado de integrantes del Clan del Golfo, previsto para el 25 de junio. La decisión del alto tribunal incluyó una orden de la magistrada Gloria María Gómez Montoya para vincular a la Presidencia de la República y pedir el expediente completo del proceso de nulidad contra la Resolución 471 de 2025.

Este documento es el acto del Ejecutivo con el que se crearon las zonas para grupos armados en el marco de los diálogos de paz. Aunque se negó la medida provisional pedida dentro de la tutela, como una suspensión inmediata, sí consideró procedente estudiar de fondo el reclamo, ante la demora en resolver las cautelares solicitadas contra las ZUT y con ello cumplir con la administración de justicia.

Pava Lugo sostuvo que la ventana de tiempo es determinante porque el traslado está fijado antes del relevo presidencial. “El 8 de agosto habrá un nuevo gobierno. Es indispensable que exista control territorial, gobernabilidad y, sobre todo, que el Consejo de Estado proteja la Constitución y adopte una decisión inmediata frente a un asunto que puede generar consecuencias irreversibles para el país”, dijo.

Tutela advirtió demora para decidir sobre la legalidad de las ZUT, promovidas por la administración Petro

La acción admitida por el tribunal no resolvió la controversia de fondo sobre la Resolución 471 de 2025, pero sí hará un examen profundo sobre la respuesta judicial, frente a una solicitud que sigue pendiente en la Sección Primera del propio Consejo de Estado. Según el documento admitido, se hizo énfasis en la preocupación por la demora en decidir sobre la solicitud de una suspensión provisional.

En ese orden de ideas, Pava planteó que la inminencia del traslado haría insuficiente una respuesta tardía. “El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios y no hay claridad sobre aspectos fundamentales como la entrega de armas, los mecanismos de monitoreo, el control gubernamental o las garantías para las comunidades que habitan esas zonas”, destacó.

Aunque la petición de nulidad ya cursa, ahora el debate se desplazó hacia la prontitud de las decisiones que deba tomar el Consejo de Estado. Con ello, la admisión de la tutela tendrá que estudiarse en medio de las presiones por el calendario de ejecución de la política de paz del Ejecutivo y el ritmo de control judicial sobre uno de sus instrumentos judiciales, al considerarse que se violan derechos fundamentales.

Promotores de la suspensión de las ZUT advirtieron vacíos legales sobre armas, monitoreo y control territorial

Las declaraciones del abogado Pava Lugo buscaron centrar la discusión en los mecanismos de control y en la ausencia de definiciones operativas antes del inicio previsto de las ZUT. De esta forma, sus reparos frente a estos espacios no solo se dirigieron a la legalidad de la resolución, sino a las condiciones concretas de funcionamiento de los territorios: a las puertas de la segunda vuelta presidencial.

“Esto va a permitir que el Consejo de Estado tome decisiones inmediatas. El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios. No hay claridad si van a entregar las armas. ¿Cómo va a estar la población? ¿Quiénes van a monitorear? ¿Quiénes van a hacer control gubernamental en los territorios?”, afirmó el abogado frente al cronograma en curso.

Indicó que el problema tiene implicaciones directas para la institucionalidad, pues en su planteamiento, la discusión desborda el trámite procesal porque compromete control territorial, gobernabilidad y garantías para las comunidades que habitan esas áreas. De esta forma, el alto tribunal deberá estudiar de fondo si hubo afectación al acceso a la justicia antes de que opere el esquema.