Autoridades no tienen reportes sobre supuestos autoatentados denunciados por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

A doce días de la segunda vuelta presidencial, una nueva controversia sacudió el escenario político colombiano luego de que los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella intercambiaran acusaciones públicas sobre la supuesta preparación de autoatentados con fines electorales.

Sin embargo, las autoridades consultadas hasta el momento aseguran que no cuentan con información que respalde ninguna de las denuncias realizadas por los aspirantes.

Según información obtenida por El Tiempo, fuentes de la Fuerza Pública señalaron que actualmente no existen reportes de inteligencia, alertas de seguridad ni evidencias conocidas que permitan sustentar las versiones divulgadas por las dos campañas.

Asimismo, indicaron que durante las más recientes reuniones de seguimiento electoral tampoco se abordaron posibles amenazas relacionadas con estos señalamientos.

La polémica se originó en medio de la recta final de la campaña presidencial, cuando ambos candidatos utilizaron sus redes sociales para advertir sobre presuntos planes que, según afirmaron, les fueron comunicados por terceros, aunque ninguno presentó pruebas o identificó públicamente las fuentes de la información.

Las acusaciones cruzadas entre los candidatos

La controversia comenzó cuando Iván Cepeda publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró haber recibido información sobre un supuesto montaje dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Según el candidato, personas que se comunicaron con él le habrían advertido sobre la posible realización de un autoatentado controlado que tendría como objetivo influir en la percepción de los electores antes de la jornada definitiva de votación.

La declaración generó una inmediata reacción de Abelardo de la Espriella, quien respondió a través de la misma red social. El candidato afirmó que a su equipo también había llegado una versión similar, pero dirigida contra la campaña de Cepeda.

De la Espriella manifestó que había optado por no hacer públicas esas informaciones debido a la gravedad de los temas relacionados con la seguridad de los candidatos y al impacto que pueden tener este tipo de afirmaciones en un proceso electoral.

Las declaraciones de ambos aspirantes provocaron una amplia discusión en redes sociales y en sectores políticos, debido a que las acusaciones fueron formuladas sin que hasta el momento se hayan conocido evidencias concretas que permitan verificar la existencia de esos supuestos planes.

Autoridades no reportan amenazas relacionadas

Mientras las denuncias continúan generando reacciones, organismos de seguridad consultados por este medio indicaron que no cuentan con elementos que permitan corroborar ninguna de las versiones expuestas por los candidatos.

Fuentes oficiales explicaron que los equipos encargados del monitoreo de riesgos electorales mantienen un seguimiento permanente a las amenazas contra aspirantes, líderes políticos y campañas, especialmente en la etapa final del proceso presidencial.

No obstante, señalaron que hasta ahora no se ha recibido información verificable que permita activar protocolos especiales relacionados con los supuestos autoatentados denunciados por Cepeda y De la Espriella.

De igual forma, se conoció que en la más reciente reunión de seguridad electoral realizada la semana pasada no se presentaron informes ni alertas que hicieran referencia a estos hechos.

Las autoridades también destacaron que cualquier información relacionada con amenazas contra candidatos presidenciales debe ser reportada por los canales institucionales correspondientes para que pueda ser evaluada y verificada por los organismos competentes.

Hasta la publicación de esta información, ninguno de los dos candidatos había revelado públicamente documentos, reportes de inteligencia, denuncias formales o pruebas que sustentaran sus afirmaciones.

El episodio se suma al clima de alta tensión política que rodea la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, una etapa en la que las autoridades mantienen activos los dispositivos de protección y monitoreo para garantizar la seguridad de los candidatos y el normal desarrollo del proceso democrático.