
El Gobierno de Gustavo Petro en cabeza de la Consejería Comisionada de Paz le revocó el estatus de gestor de paz a Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, dos días después de que hombres armados del frente Comuneros del Sur irrumpieran en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Pasto y lo rescataran por la fuerza durante una cita médica.
La operación ocurrió el viernes 5 de junio a las 9:30 p. m cuando un grupo fuertemente armado entró al centro asistencial, intimidó al personal médico, desarmó al guardia de seguridad privada y despojó de su arma de dotación al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que custodiaba al recluso. Ninguno de los dos resultó herido.
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El propio Inpec describió lo sucedido como un rescate “bajo la modalidad de rescate”, término que en el lenguaje institucional colombiano distingue una fuga facilitada por terceros de una evasión individual. La entidad activó de inmediato un plan conjunto con la Policía Nacional para intentar la recaptura.

El coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, confirmó que alrededor de las 11:00 p. m. recibieron el aviso del Inpec. “Inmediatamente iniciamos las labores de búsqueda, se instalaron puestos de control para lograr el paradero de esta persona”, dijo el oficial.
Por su parte, a delegación del Gobierno en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial con Comuneros del Sur, encabezada por Carlos Erazo como jefe de delegación, emitió un comunicado el 7 de junio de 2026 en el que condenó “de manera inequívoca las vías de hecho que atentan contra la institucionalidad colombiana, la paz y ponen en riesgo a la población civil”.
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En ese mismo documento, el Gobierno advirtió que la acción del frente armado “pone en riesgo todos los avances” acumulados en 19 meses de negociación, en los que se firmaron 12 acuerdos parciales sobre sustitución de cultivos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención del reclutamiento de menores e inversión en proyectos productivos, educativos, viales y culturales.

Las partes también tenían avances en una propuesta jurídica y en la estrategia de seguridad para el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del municipio de Mallama, en Nariño.
La revocatoria de la gestoría de paz de alias Tito fue anunciada en el mismo comunicado. El Gobierno también advirtió que “evaluará las demás expedidas en tal sentido”, lo que abre la posibilidad de revisar los estatus otorgados a otros integrantes del grupo.
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El perfil del fugado agrava el escándalo político. Alias Tito fue nombrado gestor de paz mediante la resolución 043 del 6 de febrero de 2026. Una semana después, el 12 de febrero, fue capturado y enviado a prisión preventiva por orden de un juez de control de garantías, acusado de rebelión, secuestro simple, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura.
Entre los casos que se le atribuyen figura el asesinato de Jenith Andrea Rodríguez, una lideresa juvenil de 17 años, en el corregimiento de Madrigal, zona rural de Policarpa (Nariño). Además, pesaba sobre él una circular azul de Interpol.
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El 26 de febrero ingresó a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto, de donde salió el 5 de junio para la cita médica que terminó en fuga.
Antes de encabezar Comuneros del Sur, Villota Rodríguez perteneció a la subestructura Jaime Toño Obando del ELN. En 2024 se desvinculó de esa guerrilla e inició contactos con el Gobierno de Petro, en el marco de la política de Paz Total. Su captura en febrero había generado tensiones en la mesa de diálogo, y su rescate armado las agudiza.
El Gobierno cerró su comunicado con una exigencia directa al frente armado: “Al grupo Comuneros del Sur le exigimos que honre los compromisos que se han establecido por el bien de la comunidad”. El documento fue firmado también por los delegados Pablo Pardo, Ángela María Robledo, Andrei Gómez y Juan David Correa.
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