Juez envió al alcalde de Villa de Leyva a prisión por presuntas coimas para autorizar licencias: defensa insiste en su inocencia

Las consecuencias judiciales para el actual alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, ya son tangibles: fue enviado a un centro penitenciario tras la decisión de un juez de Bogotá, que avaló la solicitud de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional.

La medida de aseguramiento se mantendrá mientras avanza la investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con trámites de construcción en el municipio.

El origen del caso se remonta a una disputa con la familia Solarte, empresarios nariñenses conocidos por su participación en grandes proyectos viales. Su llegada a Villa de Leyva en 2022 marcó el inicio de una ambiciosa obra familiar en la vereda El Roble, donde la licencia municipal les permitía edificar 552 metros cuadrados.

Sin embargo, las autoridades detectaron que el desarrollo inmobiliario superaba por amplio margen el permiso, alcanzando más de 5.200 metros cuadrados e incluyendo instalaciones como capilla, teatro, lagos y una piscina.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen grabaciones de voz y mensajes en los que el alcalde habría solicitado una suma equivalente al 20% del valor del trámite para aprobar la licencia de construcción. Además, habría condicionado el avance de la obra a la contratación de una persona de su confianza con un salario mensual de 13 millones de pesos.

De acuerdo con los fiscales del caso, el 4 de marzo de 2026 se concretó la propuesta ilícita a la representante legal de la constructora. La negativa de la empresaria llegó de inmediato, y días después —tras nuevos contactos, según los registros—, el alcalde expresó su arrepentimiento y pidió que la empresa continuara el proceso conforme a la ley.

La denuncia formal se presentó el 28 de abril. El operativo para detener a Gamboa Chaparro se ejecutó el 7 de mayo, cuando agentes del CTI lo interceptaron frente a la plaza principal, un hecho presenciado por residentes y turistas de Villa de Leyva.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación atribuye al alcalde los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente acusador, el funcionario habría abusado de su cargo para exigir pagos indebidos y beneficiar a terceros, mientras que la defensa niega estas acusaciones y solicita cotejo de voces, alegando un montaje orquestado por la parte denunciante.

Sanciones y versiones enfrentadas

A raíz de la investigación, la Inspección Segunda de Policía impuso una multa de 232 millones de pesos y ordenó la demolición de una buena parte de la construcción, decisión que la defensa del alcalde considera la verdadera causa de la denuncia en su contra.

El abogado penalista Ricardo Burgos sostiene que todo obedece a una retaliación por las sanciones impuestas a la obra, que según vecinos supera las dimensiones autorizadas y es comparada con “un palacio disfrazado de cabaña”.

El proceso judicial ha estado marcado por varias postergaciones, permitiendo la exposición de argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa. Finalmente, el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías dictaminó que el mandatario debe continuar privado de la libertad, pero ahora en un establecimiento carcelario, mientras se resuelven las imputaciones.

El expediente, citado por la Fiscalía, incluye pruebas materiales que sustentan las acusaciones y justifica la medida adoptada. La defensa, por su parte, insiste en la inocencia del alcalde y en la necesidad de verificar la autenticidad de las grabaciones presentadas como evidencia.