ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno realice un intercambio humanitario para dar con la liberación de militares, policías y funcionarios estatales que permanecen secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En una entrevista concedida a Caracol Radio, el mandatario nacional hizo referencia a la situación de dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que permanecen retenidos por el grupo guerrillero desde el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Según lo expuesto por el jefe de Estado, el Ejecutivo ha iniciado contacto con el grupo eleno, que ha propuesto la liberación de los agentes bajo un esquema de intercambio por presos de la organización con problemas de salud y de edad avanzada, en un mecanismo que coloquialmente se conoce como ‘canje’.

“Nosotros iniciamos unos contactos con el ELN en esta materia y la propuesta que yo recibí del ELN es que tenía una serie de presos con problemas de salud, unos de edad ya avanzada (...) y la respuesta que yo di es que no tengo ningún problema en que se atiendan esas personas por razones humanitarias”, comentó Petro a la cadena radial mencionada.

Sin embargo, el presidente recalcó su rechazo firme a esta figura, al considerar que se retomaría una práctica que no se observaba desde los tiempos de la antigua guerrilla de las Farc.

“Yo no he estado de acuerdo con el canje, yo me opuse al canje en tiempos de las Farc, porque el canje es una especie de tráfico de seres humanos”, cuestionó.

No obstante, el mandatario informó que ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un reporte sobre el estado de salud de los presos identificados como integrantes del ELN, señalando que la responsabilidad estatal sobre sus condiciones de privación de libertad es ineludible.

“He pedido al INPEC que me averigüe el estado de salud de estas personas presas que el ELN dice que son de sus filas (...) porque un gobierno, independientemente de dónde provengan los presos que tiene, debe cuidar los presos. O sea, no pueden morir o estar en mal estado de salud. Aquí tenemos un estado inconstitucional de cosas en las cárceles, lo ha dicho la Corte y sigue siendo así”, remarcó.

En su respuesta, Petro distinguió entre atender casos humanitarios conforme a normas nacionales y aceptar un canje político. Explicó que cualquier excarcelación solo podría darse si existe fundamento legal para ello: “Y si hay personas que merezcan salir de la cárcel por normas nacionales existentes, salen”.

Expresó también desconocer si la postura del ELN ha variado en los últimos meses, al puntualizar que la propuesta del grupo fue recibida durante los diálogos de paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero, del cual reiteró la suspensión del mismo por los ataques registrados en la región del Catatumbo.

“Esto nada tiene que ver con un proceso de paz. Ellos no están en un proceso de paz con Colombia, lo suspendieron ellos mismos cuando entraron a matar a 200 campesinos en el Catatumbo”, puntualizó.

La posición expresada por Gustavo Petro deja claro que, aunque su administración no contempla negociar canjes de rehenes por presos del ELN, sí mantiene apertura a revisar la situación individual de los detenidos por razones humanitarias, siempre bajo el estricto marco legal colombiano. La liberación de funcionarios secuestrados permanece así supeditada a decisiones unilaterales del grupo armado.

Las víctimas de este flagelo fueron identificadas como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron sometidos a un ‘juicio revolucionario’, es decir, a permanecer en cautiverio por otros 60 meses (5 años).

En paralelo, dos funcionarios de la Dijín, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza—quienes fueron capturados en julio de 2025 entre Tame y Arauca— la guerrilla les fijó 36 meses de “prisión revolucionaria” bajo acusaciones de espionaje.