Senador investigado en el escándalo de las Marionetas 2.0 tendrá que llevar tobillera electrónica mientras avanza proceso: esto dijo la Corte

La investigación por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias contra el senador Miguel Ángel Barreto Castillo dio un nuevo paso después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso, en la jornada del jueves 20 de agosto, medidas no privativas de la libertad, como parte del caso Las Marionetas 2.0: en el que también están involucrados el exsenador Ciro Ramírez y el exdirector de Prosperidad Social Pierre García.

La Corte dispuso que Barreto afronte el proceso sin ir a prisión, pero con vigilancia electrónica a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con la imposición de lo que sería una tobillera para rastrear su ubicación. Además, el congresista, que también afronta el punible de interés indebido en la celebración de contratos, tendrá que pagar una caución y tendrá en firme la prohibición de contactar a testigos.

La investigación formal contra Barreto se abrió por su presunta relación con el entramado de corrupción conocido y está ligado a una red que se beneficiaba con porcentajes de contratos públicos. En especial, por lo que serían sus nexos con procesos contractuales con Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta), en el que se habrían hecho maniobras para direccionar contratos.

El motivo: favorecer a integrantes del Congreso, entre ellos el senador Barreto Castillo, que resultó electo para el presente periodo legislativo (2026-2030) con 95.166 votos, convirtiéndose en uno de los 10 legisladores que alcanzó esta colectividad; aunque uno de ellos, Wadith Manzur, no pudo posesionarse, pues se encuentra preso por su presunta participación en el megacaso de corrupción de la Unifdad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

Los cargos contra Miguel Ángel Barrero y las presuntas irregularidades contractuales

La investigación contra el senador, que es primo del exgobernador del Tolima y excongresista Óscar Barreto, se enfoca en el presunto uso del poder político para manipular y direccionar contratos públicos. El expediente menciona presuntas irregularidades en procesos contractuales tanto en el DPS como en Proyecta, con acciones que habrían buscado direccionar contratos de obras e interventorías en departamentos como Tolima y Quindío.

El objetivo, a parecer, era favorecer intereses electorales y económicos del procesado. Según se ha conocido en este proceso, en noviembre de 2021 el DPS y Proyecta, con sede en Armenia, suscribieron un convenio por $48.660 millones; y la acusación sostiene que ese acuerdo surgió tras supuestos encuentros con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, para favorecer los intereses electorales y económicos del procesado.

Es válido precisar que las Marionetas 2.0 aparece en el expediente como una continuación del entramado de corrupción ligado al fallecido exsenador Mario Castaño, del partido Liberal. La investigación también involucra al exsenador Ramírez, del Centro Democrático, que está libre desde mayo de 2026, pese a que fue condenado en primera instancia a una pena 23 años de prisión por tres delitos; relacionados con este mediático caso.

En este caso, el exsenador Ramírez, el exdirector del DPS García y el gerente de Proyecta Pablo Herrera Correa habrían acordado el direccionamiento de 13 contratos incluidos en ese convenio. Esos negocios sumaron $24.606 millones. Según la Corte, Barreto habría tenido una actuación clave en el caso, aprovechando su presencia en los departamentos en los que se establecieron estos contratos, en los que se desviaron porcentajes en coimas.

Además del caso Marionetas 2.0, Barreto afronta otro proceso, pues desde 2022 lo llamaron a juicio por presuntas conductas de falsedad en documento público y fraude procesal; en un expediente gira en torno a supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. El congresista, según se pudo conocer, no habría reportado aportes cercanos a $20 millones hechos por un comerciante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).