Ricardo Roa: aplazan acusación contra el expresidente de Ecopetrol, señalado por presunto tráfico de influencias en polémica compra de un apartamento

La acusación contra Ricardo Roa, expresidente de la estatal Ecopetrol, quedó aplazada hasta el 25 de noviembre, en un caso en el que la Fiscalía señala al exdirectivo de haber usado su cargo para favorecer, al parecer, intereses privados a cambio de aparentes beneficios económicos.

Estas prebendas se habrían traducido en la compra de un apartamento en Bogotá por $1.800 millones, un valor 34% inferior al precio comercial estimado para tal fin. En efecto, esta fue una operación ligada a la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en el sector de El Chicó, en el que el exfuncionario vivía con su novio, Julián Caicedo; todo a cambio de hacer gestiones indebidas para favorecer con un jugoso contrato a su vendedor.

El aplazamiento de la audiencia de acusación, en la que el ente acusador exponía los motivos para llevar a Roa a juicio por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, quedó en firme luego de que la defensa interpuso una solicitud de nulidad del proceso ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá.

En medio de este caso también es válido precisar que el togado aceptó la petición de la representación legal de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, para que sea reconocido como víctima dentro del proceso. Con esta determinación, se introdujo un elemento central en la acusación: la posible presión derivada de una relación jerárquica entre los involucrados, en la que el expresidente de Ecopetrol habría sacado usufructo.

El despacho explicó en audiencia que “una relación de subordinación, y así la señal de la experiencia, puede constituir un factor objetivo para inferir presión o temor reverencial en un subalterno o en una persona que se encuentre en un nivel inferior que otra en una organización”. Así pues, el juez añadió que esa situación no puede darse por probada de antemano y precisó que si esto sucedió “será el desarrollo del juicio el que nos lo indicará”.

Juez admitió a Luis Enrique Rojas como víctima por una posible presión jerárquica

La decisión no confirmó si Roa cometió los hechos, pero aceptó que su poder como jefe pudo obligar a su subalterno; por lo que el juez decidió que Rojas debe ser considerado como víctima. La investigación parte de la hipótesis de que, como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol, habría intervenido de forma indebida para favorecer intereses particulares en decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, filial de la compañía.

La Fiscalía sostuvo que Roa le habría solicitado Rojas, entonces presidente de Hocol, que generara oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. El interés puntual, de acuerdo con el ente acusador, estaba relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa Gaxi ESP S.A. S., de propiedad de Mancera; con lo que la gestión se cruzó con una relación comercial directa entre ambos, lo que configuraría el tráfico de influencias.

Fiscalía vinculó negocio con presunto favorecimiento a Mancera

Según la acusación, la relación entre Roa y Mancera, empresario y coronel (r) de la policía, no se limitaba a la cercanía personal. La Fiscalía afirmó que existía una negociación comercial previa conectada con la compra del inmueble en Bogotá, hecho que para el caso serviría como soporte de la presunta contraprestación establecida entre ambos en esta transacción.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, en esa operación Mancera “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses”, pues que los pagos a Pricenton International, propietaria del apartamento y que aparece a nombre del empresario de hidrocarburos Serafino Yácono, se hicieron después de celebrado el negocio jurídico y a través de Innova Mercadeo, empresa de Mancera.

El inmueble, según los datos presentados por la acusación, tenía un valor comercial estimado de $2.727.569.550. La diferencia frente al precio pagado por Roa fue cercana a $927 millones; en un margen y condiciones que forman parte del mismo cuadro bajo investigación. Al parecer, el beneficio obtenido en la compra del inmueble habría estado relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para impulsar los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol.