El puente internacional Rumichaca, habitual escenario de intenso tráfico comercial entre Colombia y Ecuador, enfrenta hoy un panorama inédito: el flujo de tractomulas, que solía superar las 300 unidades diarias, se ha reducido drásticamente a menos de 20 vehículos, según datos del sector logístico.
El detonante de esta situación fue la imposición de un arancel del 100% a los productos colombianos que ingresan a Ecuador, vigente desde el 1 de mayo. Aunque la presidencia ecuatoriana anunció que a partir del 1 de junio la tasa bajará al 75%, el impacto ya ha alterado profundamente la dinámica fronteriza, dejando al corredor de Ipiales en el centro de una crisis comercial y diplomática.
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La entrada en vigor del nuevo arancel provocó una reducción cercana al 98% en el tránsito de tractomulas por la zona. Según Iván Javier Florez Portilla, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales (Ccipiales), el gremio transportista se vio obligado a buscar rutas alternativas en regiones como la Costa Atlántica, Cúcuta, el centro y el suroccidente del país.
“Estamos hablando de entre 280 y 290 tractomulas menos que pasan por la frontera. El gremio nos ha manifestado que se ve abocado a trasladar su trabajo hacia otras zonas como la Costa Atlántica, Cúcuta, el centro y el suroccidente del país”, señaló Florez en diálogo con La República.
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Antes de la crisis, la frontera de Ipiales generaba un movimiento económico diario de aproximadamente 5,5 millones de dólares, según cifras de Analdex. Sin embargo, el cese abrupto del flujo comercial ha transformado ese ingreso diario en pérdidas considerables, dificultando el cálculo del impacto total, ya que el comercio y el turismo local también sufren las consecuencias.
De hecho, el sector logístico estima que el 70% de su actividad ha desaparecido tras la entrada en vigor del arancel. Esta cadena productiva sostenía alrededor de 2.800 empleos directos, pero el efecto colateral se extiende a otros sectores, triplicando la cifra de afectados.
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“Realmente, ese arancel de 100% que se enmarca desde el primero de mayo cierra la puerta casi que completamente al ingreso de mercancías de Colombia hacia Ecuador. Esto le quita ya 70% de trabajo a nuestras empresas, puesto que la balanza comercial de Ecuador era deficitaria; es decir, nos compraban más de lo que ellos nos vendían“, comentó el presidente de la Ccipiales al diario nacional.
Las autoridades colombianas admiten que no existe una estadística clara sobre el incremento del contrabando tras el 1 de mayo, ya que los registros oficiales solo consideran las incautaciones. Un ejemplo reciente: durante la pasada Semana Santa, la Dian decomisó una tractomula con 30 toneladas de camarón, uno de los productos más frecuentes en el tráfico fronterizo.
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La preocupación del sector empresarial es que estas economías ilícitas, al ganar terreno, erosionan el empleo formal y la recaudación fiscal, afectando tanto al gobierno nacional como a los entes locales y regionales. La evasión resultante pone en riesgo la inversión en obras públicas y el desarrollo social de la región.
“Más que la estadística, el observar nuestros pasos de frontera y el ingenio de estos contrabandistas es impresionante. Estas economías ilícitas están acabando con el empleo y la empresa formal. Esa es la gran preocupación; estas economías deterioran nuestra ciudad, nuestra sociedad y evaden los impuestos que resultan en obras. Estamos perdiendo todos: las instituciones, el gobierno nacional, el local y el regional”, señaló Florez a La República.
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El gobierno colombiano respondió al arancel ecuatoriano con la imposición de tasas diferenciadas del 35%, 50% y 75% a los productos ecuatorianos. Esta reacción terminó por cerrar también el flujo comercial desde Ecuador, dificultando aún más la operación de la plataforma logística de Nariño, tradicional punto de nacionalización de mercancías que ingresan por el sur del país.
Desde la Cámara de Comercio de Ipiales, la percepción es que la frontera colomboecuatoriana atraviesa una de sus crisis más profundas. Las restricciones impuestas de lado y lado, sumadas al clima de disputa diplomática entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro, han dejado a la región sin su principal motor económico y en un estado de incertidumbre que afecta a miles de familias y empresas.
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“Hablamos de 2.800 empleos directos que tiene esta cadena, pero que indirectamente afectan al triple en otros sectores. Afecta a toda la vida económica. El panorama es desolador”, concluyó el presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales a La República
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