
El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, recibió una observación desde el equipo de comunicaciones del Gobierno nacional tras un pronunciamiento en el que cuestionó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud.
La respuesta oficial hizo referencia a lineamientos internos sobre vocería y manejo de declaraciones públicas establecidos por la Presidencia de la República hace algunos días, a través de una directiva firmada por Gustavo Petro.
Carrillo había publicado el 1 de mayo un mensaje dirigido al presidente, en el que se refería al funcionamiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud. En su mensaje señaló: “Presidente Gustavo Petro, ya hace meses en el Fomag hay un equipo capaz y honesto nombrado por usted, ese equipo está haciendo denuncias y luchando una guerra contra la corrupción. Quintero llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos, nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la Ungrd de Olmedo López es un adalid anticorrupción, rodee a los suyos no a los oportunistas”.
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En respuesta al mensaje de Carrillo, Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones Estratégicas del presidente Gustavo Petro, envió una comunicación directa en la misma red social X. En ella se le pidió al funcionario ceñirse a los lineamientos establecidos por la Presidencia: “Doctor Carlos Carrillo, lastimosamente debo recordarle la Directiva Presidencial No. 3 de 2026, le pido por favor que sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no, generando algún tipo de controversia sobre las decisiones del señor presidente".
Y agregó: “Existen canales y comunicación directa para que usted pueda hacer llegar sus inconformidades sin hacer caso omiso a la referida directiva. Gracias”, señaló Hernández en su mensaje.
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Y es que Carrillo ha mantenido posiciones críticas frente a la designación de Quintero como superintendente de Salud. Antes de la reciente situación, ya había expresado reparos sobre el nombramiento en sus redes sociales.
El 16 de abril, el funcionario manifestó que la llegada de Quintero a la Superintendencia representaba un retroceso para el proyecto político del Gobierno. “El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición (sic)”, escribió.
En ese mismo mensaje, el funcionario añadió que su posición respondía a una obligación ética dentro de su rol institucional. “Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar (sic)”, indicó.
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Carrillo también se refirió a la orientación ideológica del Gobierno, señalando diferencias internas sobre su aplicación. “La izquierda subvierte los enormes poderes que otorga la riqueza y el abolengo, desafía por naturaleza; la izquierda es contestataria y rebelde, nunca obsecuente y sumisa (sic)”, expresó en la misma publicación.
Ministros y directores solo podrán pronunciarse con autorización previa del presidente

La situación se enmarca en la Directiva Presidencial No. 3 de 2026, expedida el 23 de abril por el presidente Petro, en la que se establecen parámetros sobre la vocería oficial del Gobierno nacional y el manejo de comunicaciones por parte de funcionarios del Ejecutivo: “La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el presidente de la República, quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”, indica la directiva.
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Sobre el papel de los ministros y directores de departamentos administrativos, el texto señala que estos podrán pronunciarse únicamente con autorización previa del jefe de Estado. “Los ministros y ministras, y los directores y directoras de departamento administrativo podrán ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, previa autorización expresa del presidente de la República”, agrega el documento.
En el mismo sentido, la directiva precisa restricciones para los responsables de entidades adscritas o vinculadas al Gobierno. Estos solo pueden referirse a temas de su competencia y no pueden fijar posiciones políticas en nombre del Ejecutivo sin autorización expresa.
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“Todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán garantizar coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en sus comunicaciones públicas evitando contradicciones o mensajes que generen desinformación o afecten la confianza ciudadana”, señala otro de los apartes del documento firmado por el presidente Petro.
Asimismo, se establece la coordinación obligatoria con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia para cualquier pronunciamiento público que tenga impacto en la gestión gubernamental: “Ningún funcionario de la rama Ejecutiva del Orden Nacional, podrá emitir declaraciones en nombre del Gobierno nacional sin la debida articulación previa con la mencionada dependencia de la Presidencia de la República”.
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