La cadena de restaurantes Presto, una de las marcas de comida rápida más reconocidas del país, obtuvo el 30 de abril de 2026 la aprobación definitiva de su acuerdo de reorganización de deudas, decisión que le permite evitar la liquidación y continuar operando en Colombia bajo un esquema de reestructuración financiera supervisado por la justicia, según Caracol Radio.
La decisión pone fin a un proceso que ya venía encaminado desde el 21 de abril, cuando se conoció que la compañía había alcanzado un acuerdo preliminar con sus acreedores para acogerse a un plan de reorganización empresarial.
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Sin embargo, en ese momento la aprobación quedó en suspenso debido a la intervención de un juez, quien debía resolver una acción de tutela presentada por uno de los acreedores.
Un proceso condicionado por revisión judicial
El trámite estuvo sujeto a la evaluación del Juzgado Quinto de Familia de Medellín, que analizó una presunta vulneración del derecho de petición alegada por un acreedor dentro del proceso concursal. Esta situación obligó a pausar la confirmación del acuerdo, a pesar de que ya se habían definido las condiciones financieras del plan de reorganización.
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El acuerdo contemplaba la reestructuración de pasivos por aproximadamente $47.399 millones, con un plazo de pago proyectado a siete años, en condiciones negociadas entre la empresa y sus acreedores. Durante el periodo de revisión, el proceso permaneció en incertidumbre hasta que la autoridad judicial dio vía libre a su validación.
Con la decisión final adoptada el 30 de abril, el acuerdo fue oficialmente aprobado, lo que permitió levantar la incertidumbre jurídica y consolidar la continuidad de la empresa.
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Evitar la liquidación y asegurar la continuidad
La aprobación del acuerdo significa que Presto logra evitar la liquidación, una posibilidad que estaba sobre la mesa si no se alcanzaba un consenso con los acreedores o si el proceso judicial no prosperaba.
Con este resultado, la compañía podrá seguir operando bajo supervisión del régimen de insolvencia empresarial colombiano, con un plan estructurado de pago de sus obligaciones.
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El modelo de reorganización empresarial en Colombia busca precisamente preservar unidades productivas viables, permitiendo que empresas con dificultades financieras puedan renegociar sus deudas sin desaparecer del mercado. En este caso, Presto se mantiene activa mientras cumple con el plan aprobado.
Una marca con trayectoria en el país

Presto forma parte del sector de comida rápida en Colombia desde 1981, cuando abrió su primer restaurante en Bogotá con la idea de ofrecer una hamburguesa adaptada al gusto local. Desde entonces, la marca ha consolidado una presencia nacional significativa, expandiéndose a múltiples ciudades del país.
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Actualmente, la cadena cuenta con más de 120 restaurantes en más de 20 ciudades, lo que la posiciona como una de las marcas tradicionales del segmento. Su operación ha estado enfocada en mantener una oferta accesible y con identidad local, lo que le ha permitido sostenerse en un mercado altamente competitivo.
OMA también logra respaldo judicial y consolida su reestructuración financiera
En paralelo, la cadena de cafeterías OMA, operada por Restcafé S.A.S., también obtuvo la aprobación de su acuerdo de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades, consolidando su estabilidad financiera tras la reestructuración de una deuda cercana a $76.000 millones.
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La decisión, adoptada en audiencia pública el 20 de abril de 2026, contó con el respaldo del 76,3% de los acreedores calificados y graduados, lo que permitió establecer un plan de pago a diez años en condiciones previamente acordadas entre la compañía y sus acreedores.
Según la información del ente de control, el pasivo inicial era mayor, pero fue reducido tras la exclusión de créditos por cerca de $38.000 millones, lo que permitió depurar la estructura de la deuda y viabilizar el acuerdo.
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OMA, presente en Colombia desde 1993, mantiene actualmente 118 locales en funcionamiento, con 86 puntos de venta directamente cobijados por el proceso de reorganización. La empresa también preserva cerca de 683 empleos, de los cuales 477 son directos, fortaleciendo la continuidad de su operación en el país.
La Superintendencia destacó que este tipo de mecanismos concursales permiten la protección de las unidades productivas, la preservación del empleo y el cumplimiento de la prelación de créditos, elementos clave para la estabilidad del tejido empresarial en el país.
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