Habló el dueño de la cuenta bancaria donde Gustavo Petro pidió consignar para apoyar la constituyente: “No nos ha entrado dinero”

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia se tradujo en una campaña de recolección de fondos que, según el vocero del comité promotor Armando Custodio Wouriyú Valbuena, busca reunir hasta $2.060 millones para impulsar el proceso.

La solicitud de aportes fue respaldada con un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X el 29 de abril, en el que compartió el número de una cuenta de ahorros a nombre de Wouriyú y habilitó giros individuales de hasta diez millones de pesos, exigiendo el registro del número de cédula de cada aportante.

“Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas, hasta el momento no nos ha entrado dinero. Nos hemos enfocado en los territorios y desde mañana, primero de mayo, vamos a empezar la campaña de recolección urbana, en las ciudades”, expresó Wouriyú.

Esta iniciativa establece las bases económicas para una movilización social de largo alcance, en la que el Gobierno y grupos sociales persiguen modificar la Carta Magna colombiana.

De acuerdo con la investigación publicada por El tiempo, Armando Custodio Wouriyú Valbuena es el titular de la cuenta y principal vocero del comité.

En diálogo con el medio de comunicación, precisó que los recursos serán destinados íntegramente al proceso de recolección de firmas requerido por la ley para viabilizar la constituyente.

Actualmente, el comité promotor ha contabilizado cerca de 900 mil firmas, aunque la exigencia legal para presentar el proyecto de ley es de 2 millones 300 mil rúbricas.

“Vamos alrededor de 900 mil firmas, pero los requerimientos para poder presentar el proyecto de ley es de 2 millones 300 mil. Pero esperamos llegar a por lo menos 5 millones”, expresó el titular de la cuenta bancaria.

Wouriyú Valbuena indicó que el objetivo es alcanzar al menos 5 millones de firmas antes de la fecha estipulada para la radicación formal, el próximo 20 de julio.

Por su parte, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino confirmó en diciembre de 2025 que el comité promotor había quedado formalmente inscrito ante la Registraduría Nacional, organismo que rige los procesos electorales en Colombia.

“A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia”, expresó el ministro de Trabajo.

El comité quedó compuesto por nueve integrantes, entre ellos Wouriyú Valbuena, quien reafirmó que la administración de los fondos está sujeta a controles legales y a una auditoría posterior por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La colecta de recursos aún no ha registrado aportes, según relató el vocero a El Tiempo. Las acciones del comité se han concentrado en la recolección en las zonas rurales y territoriales del país.

A partir del 1 de mayo, la campaña se trasladará a las áreas urbanas, incluyendo movilizaciones en ciudades como Bogotá y Medellín.

El vocero explicó que la legitimidad del proceso reside en su amplia base social e indígena y no en la figura presidencial: “Al presidente Petro le encanta la Asamblea Nacional Constituyente, pero los promotores son indígenas, raizales, Rom y campesinos. Yo soy el vocero principal”, subrayó el vocero.

Los controles administrativos que regulan la colecta incluyen la exigencia de actos oficiales de la Registraduría Nacional y la supervisión permanente del proceso como si se tratara de una elección, lo cual refuerza la transparencia en el manejo de fondos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) auditará todo el movimiento financiero una vez concluya la campaña, de acuerdo con lo informado por Wouriyú Valbuena.

La campaña para sustentar financieramente la Constituyente comienza su fase urbana con la expectativa de ampliar el alcance a nuevos sectores de la población y reforzar el apoyo a una reforma constitucional planteada como un deseo colectivo por grupos indígenas, campesinos y minorías étnicas del país.