Fiscalía aplicó extinción de dominio a 19 bienes del bloque bananero de las AUC en el Urabá antioqueño: servían de centro logístico para paramilitares

El fallo judicial estableció la transferencia de bienes inmobiliarios que habían servido como respaldo financiero y logístico, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a la reparación de víctimas

Los predios serán destinados para reparación de víctimas del paramilitarismo en Colombia - crédito Fiscalía Colombia
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La Fiscalía General de la Nación cumplió con la ejecución de una medida clave al intervenir 19 bienes asociados al extinto ‘Bloque Bananero’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según informó el ente investigador en la mañana del lunes 27 de abril, el valor total de los predios asciende a 65.000 millones de pesos, que ahora pasarán a integrar los fondos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

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El Tribunal Superior de Medellín, a través de su Sala de Justicia y Paz, había ordenado la extinción de dominio sobre estas propiedades. La Fiscalía procedió con el embargo, el secuestro y la suspensión del poder de disposición sobre los activos, consolidando así la medida judicial.

Entre los bienes afectados destaca la hacienda El Cocuelo, situada en el municipio de Turbo (Antioquia). Este predio rural funcionó durante años como punto estratégico para la logística, las finanzas y el control territorial del grupo armado en la región de Urabá.

El valor de los 19 predios intervenidos por la Fiscalía asciende a 65.000 millones de pesos y serán destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado - crédito Fiscalía
El valor de los 19 predios intervenidos por la Fiscalía asciende a 65.000 millones de pesos y serán destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado - crédito Fiscalía

Según la información oficial, el terreno fue dividido en 15 lotes independientes, registrados a nombre de diferentes titulares y objeto de múltiples traspasos para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar la acción de la justicia.

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Además de los predios en Antioquia, los otros cuatro activos —uno urbano y tres rurales— se ubican en los departamentos de Meta y Casanare. Las autoridades señalaron que estos, al igual que los anteriores, no solo sirvieron como escondite para las estructuras armadas, sino que constituyeron una fuente de recursos económicos para la organización.

El terreno de la hacienda El Cocuelo fue fraccionado en 15 lotes independientes para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar la justicia - crédito Fiscalía
El terreno de la hacienda El Cocuelo fue fraccionado en 15 lotes independientes para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar la justicia - crédito Fiscalía

La extinción de dominio sobre estos bienes implica que pasarán a control del Estado y serán destinados a favorecer procesos de reparación colectiva para las personas afectadas por el conflicto.

Esta decisión responde a la estrategia de debilitar los soportes financieros de grupos armados ilegales y a la vez avanzar en la justicia restaurativa para las víctimas.

El Tribunal Superior de Medellín ordenó la extinción de dominio y la Fiscalía llevó a cabo el embargo, secuestro y suspensión de disposición sobre los activos - crédito Fiscalía
El Tribunal Superior de Medellín ordenó la extinción de dominio y la Fiscalía llevó a cabo el embargo, secuestro y suspensión de disposición sobre los activos - crédito Fiscalía

Fiscalía logró condena de más de 40 años a feminicida en Antioquia

Un hombre de 44 años, identificado como Janner Iván Morales Poveda, conocido como alias Satanás, fue condenado a 42 años de prisión por el asesinato de su expareja, y otras dos personas en la vereda Santa Ana de Abejorral, Antioquia.

La decisión judicial, informada por la Fiscalía General de la Nación, cierra casi tres años de investigación tras un ataque motivado por celos en el contexto de una ruptura sentimental, que tuvo como consecuencia directa la muerte violenta de tres personas y la ampliación de la condena del responsable, quien ya cumplía penas previas por otros delitos graves.

La Fiscalía especificó que Morales Poveda violó una medida de prisión domiciliaria el 11 de octubre de 2023, cuando se retiró el brazalete electrónico destinado a su vigilancia. Tras evadir el control judicial impuesto por su condena anterior —una pena acumulada de 58 años de prisión por homicidio y desplazamiento forzado cometidos en Huila— se dirigió al área rural donde se encontraba su expareja.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas claves que permitieron imputar a Morales Poveda por el asesinato de su excompañera sentimental y dos personas más - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas claves que permitieron imputar a Morales Poveda por el asesinato de su excompañera sentimental y dos personas más - crédito Fiscalía General de la Nación

Morales localizó a la víctima acompañada por su nueva pareja sentimental y un tercero, y procedió a atacarlos con cuchillo y arma de fuego, causando la muerte de los tres presentes, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía Seccional Antioquia ante el juez de conocimiento.

A la condena principal de 42 años por feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, se suman dos años adicionales de prisión por fuga de presos, tras violar el preacuerdo procesal que lo mantenía bajo detención domiciliaria, detalló el organismo acusador.

La cadena de antecedentes de Morales Poveda lo vincula de forma directa con crímenes previos cometidos en el departamento de Huila, y su reincidencia fue determinante para la imposición de una nueva y prolongada pena.

Los investigadores resaltaron que el agresor había logrado evadir el seguimiento judicial apenas horas antes del ataque, lo que evidencia la facilidad con la que burló sistemas de control y facilitó la comisión de los homicidios.

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