Asofondos pidió a la Corte Constitucional frenar el traslado de recursos pensionales mientras se define la legalidad del decreto del Gobierno

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida complementaria dentro del proceso que estudia la reforma pensional, con el objetivo de evitar la transferencia de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones mientras se resuelven las controversias legales sobre el decreto expedido por el Gobierno.

En el documento conocido por Infobae Colombia y dirigido a la presidenta de la Corte, magistrada Paola Andrea Meneses, el gremio plantea que se autorice a las AFP a abstenerse de cumplir el decreto que ordena el traslado de recursos, hasta que el Consejo de Estado adopte una decisión de fondo o una medida cautelar sobre su legalidad. La solicitud se enmarca en el expediente D-15989, en el que se suspendió la entrada en vigor de la reforma pensional, salvo algunos artículos específicos.

Según el escrito, la petición busca “adicionar la medida cautelar adoptada mediante Auto 841 de 2025 (…) y mediante la cual se autorice a las administradoras de fondos de pensiones - AFP a inaplicar el decreto que expida el gobierno ordenando el giro de recursos".

Solicitud de medida cautelar

Asofondos argumenta que la intervención de la Corte es necesaria para evitar efectos irreversibles derivados de la aplicación del decreto. En concreto, solicita que se permita a las AFP no ejecutar el traslado de recursos provenientes de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado contemplada en la reforma pensional.

El documento señala que esta autorización tendría carácter temporal y operaría “mientras el Consejo de Estado dicta la medida cautelar de suspensión provisional del decreto”. Además, indica que el gremio prevé demandar la nulidad de la norma una vez esta sea expedida.

En la solicitud se insiste en que el objetivo es evitar la materialización de daños antes de que las autoridades judiciales competentes puedan pronunciarse. En ese sentido, advierte que los tiempos previstos en el decreto impedirían una reacción oportuna del control judicial, lo que justificaría la intervención de la Corte Constitucional.

Argumentos jurídicos y advertencias

El documento expone que la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024 genera un escenario en el que el Gobierno no tendría facultades para modificar el destino de los recursos mediante decreto. Según Asofondos, la potestad reglamentaria debe sujetarse a los límites de la ley y no puede alterar su contenido.

En esa línea, el gremio sostiene que permitir la aplicación del decreto implicaría desconocer el diseño normativo de la reforma pensional, en particular lo relacionado con el manejo de los recursos de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado.

Asimismo, advierte que el decreto planteado por el Gobierno ordena el traslado total de los recursos en un plazo reducido, lo que podría generar consecuencias inmediatas. El documento señala que “todos los recursos (…) deberán ser girados a Colpensiones 15 días después de la expedición del decreto”, lo que impediría la adopción de medidas judiciales oportunas .

Asofondos afirma que este escenario podría traducirse en “un daño irreparable al ahorro pensional (…) al mercado de valores y a la economía en general”.

Riesgos financieros y de mercado

El gremio incluye en su solicitud un análisis sobre los posibles efectos económicos del traslado de recursos. Según el documento, la operación implicaría la liquidación acelerada de activos por un monto superior a 24 billones de pesos, lo que podría afectar el mercado financiero.

Entre los impactos identificados se encuentran la venta masiva de títulos de deuda pública, posibles desvalorizaciones y la pérdida de rendimientos futuros. El informe advierte que la medida podría generar pérdidas inmediatas en activos que respaldan el sistema pensional y afectar el valor del ahorro de los afiliados.

También se señala que el uso de estos recursos para el pago de mesadas podría transformar el ahorro pensional en gasto corriente, con implicaciones sobre el pasivo del Estado.

La solicitud de Asofondos se produce en medio de la controversia generada por el decreto 415 de 2026 del Ministerio de Trabajo, que ordena a las AFP transferir más de 25 billones de pesos a Colpensiones. La medida establece plazos de 20 días hábiles para trasladar el 50% de los recursos y 10 días adicionales para el resto.

El decreto afecta a 119.632 colombianos que se trasladaron del régimen privado al público, en el marco de la reforma pensional. De ellos, más de 22.000 ya se pensionaron y reciben mesadas de Colpensiones, mientras que cerca de 97.000 aún no cumplen los requisitos para pensionarse.

El Gobierno sustenta la medida en el principio de sostenibilidad financiera, al considerar que existe un desbalance entre las obligaciones asumidas por Colpensiones y los recursos que permanecen en las AFP.

La solicitud queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si adopta medidas adicionales dentro del proceso de control de la reforma pensional, en medio de un escenario de incertidumbre jurídica sobre el manejo de los recursos del sistema.