Tensión entre autoridades de Antioquia y Petro por el trato a las disidencias Farc: “Le tienen miedo a ‘Calarcá’”

La reciente decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de solicitar una revisión de los acuerdos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá generó una ola de críticas y denuncias desde Antioquia.

Las reacciones, encabezadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, centraron el debate en la supuesta impunidad y la percepción de un trato preferencial hacia los líderes de estructuras armadas ilegales.

Durante el Consejo de Ministros del 21 de abril, Gustavo Petro instruyó al alto comisionado de Paz, Otty Patiño, para que revise el estado de las negociaciones con la estructura liderada por “Calarcá”, ante posibles incumplimientos en los acuerdos.

El mandatario fue enfático: “Si el señor Calarcá incumplió los pactos y se dedicó a matar soldados o cometer crímenes de guerra, no hay paz”. Petro recalcó que los diálogos solo pueden mantenerse sobre “bases serias”, y que cualquier violación a los compromisos conlleva la revisión inmediata de los acercamientos.

Choque institucional: mandatarios antioqueños acusan privilegios y persecución

El llamado del presidente Petro a revisar el proceso de paz con las disidencias encabezadas por “Calarcá” provocó una fuerte respuesta desde Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Gutiérrez calificó como “irracional” el enfoque de seguridad nacional y sostuvo que el Gobierno nacional ha concedido beneficios injustificados al jefe disidente. El alcalde sugirió que existe un temor de fondo hacia lo que “Calarcá” podría revelar, al tiempo que denunció una presunta persecución institucional contra miembros de la Policía Nacional.

“Están destruyendo a la Policía con falsas motivaciones y odio político”, afirmó el funcionario, que vinculó a la facción de “Calarcá” con el ataque en Amalfi donde murieron 13 policías, hecho que consideró usado como pretexto para afectar la carrera de oficiales. El mandatario local también señaló que la salida del general Carlos Fernando Triana de la institución estaría relacionada con su colaboración con la administración de Medellín.

Por su parte, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, cuestionó el trato deferente que desde la Casa de Nariño se le ha dado a “Calarcá”. El gobernador recordó que Estados Unidos mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, al que responsabiliza por la muerte de seis soldados en Valdivia en 2024 y el atentado en Amalfi en 2025.

Exigencias de acción judicial y reclamos sobre la Paz Total

La Administración departamental subrayó que la política de Paz Total adoptada por el Ejecutivo se convirtió en sinónimo de privilegios para estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y el reclutamiento de menores.

Rendón hizo un llamado directo a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que proceda con la activación inmediata de las órdenes de captura contra Calarcá, señalando que existe material probatorio suficiente y un seguimiento detallado de sus movimientos.

“Alias Calarcá no es ningún ‘señor’. Es el jefe de una organización criminal responsable de hechos graves”, escribió Rendón en su cuenta de X. El gobernador insistió en que no resulta necesario esperar directrices de la Presidencia para actuar en el caso, y reclamó mayor autonomía para la Fiscalía General de la Nación.

Desde la Secretaría de Seguridad departamental, el general retirado Luis Eduardo Martínez pidió que se aclare la relación entre “Calarcá” y las disidencias del frente 36, lideradas por alias Primo Gay, responsables de homicidios, desapariciones y ataques con explosivos contra la población civil en municipios como Briceño.

Martínez sugirió replicar la intervención militar realizada meses atrás en El Plateado, Cauca, y reiteró la necesidad de ejecutar la captura de “Calarcá”.

Debate abierto sobre los límites de la negociación y la presión regional

El cruce de declaraciones entre los mandatarios de Antioquia y la Presidencia reavivó el debate nacional sobre los alcances y límites de la negociación con grupos armados.

La presión de autoridades regionales para que se prioricen acciones judiciales y operativas contra los líderes de organizaciones señaladas de graves delitos marca un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo central y las regiones.

Mientras tanto, la figura de “Calarcá” permanece en el centro de la controversia, con acusaciones de impunidad y reclamos de justicia que desafían la viabilidad de los actuales procesos de paz.