La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia contundente a entidades estatales de todo el país ante la inminencia del fenómeno de El Niño, previsto para el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027.
A través de la Circular No. 001/2026, la entidad exigió a ministerios, gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales y empresas de servicios públicos activar medidas inmediatas de preparación, bajo amenaza de sanciones disciplinarias para quienes incumplan.
Mandatos obligatorios y advertencia disciplinaria
La Procuraduría, mediante la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, ordenó a decenas de entidades actualizar planes de contingencia, priorizar el suministro de agua potable sobre cualquier otro uso y proteger ecosistemas estratégicos, como páramos y humedales. El documento contiene 19 obligaciones concretas y fija como plazo el 30 de junio de 2026 para la entrega de informes detallados sobre las acciones preventivas adoptadas.
Entre las medidas más relevantes, se instruyó a gobernaciones y alcaldías a activar los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) y a actualizar los protocolos para incendios forestales y desabastecimiento de agua. Además, se exige que la disponibilidad de agua para consumo humano prime sobre usos agrícolas o industriales.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) deberán instalar sistemas de medición en tiempo real de los ríos, evaluar la suspensión de quemas agrícolas durante el fenómeno y fortalecer el monitoreo de páramos y humedales. Al Ministerio de Minas y Energía se le encomienda adoptar medidas para evitar apagones, optimizar la gestión de embalses y fortalecer fuentes alternas de generación.
La circular enfatizó la obligación de usar sistemas de información como el Siac, Renare y el Sistema Nacional de Información Forestal para tomar decisiones basadas en evidencia, activar alertas tempranas y optimizar la gestión de recursos hídricos y energéticos. El incumplimiento de estos mandatos constituye una falta disciplinaria investigable.
Preparativos en salud, energía y servicios públicos
El fenómeno de El Niño, según proyecciones internacionales recogidas por la Procuraduría, presenta una alta probabilidad de afectar la agricultura, la generación hidroeléctrica y la salud pública. Las secretarías de salud departamentales y municipales deberán reforzar el control de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika y chikunguña, que pueden incrementarse por el almacenamiento de agua en condiciones inadecuadas. También, deberán vigilar la calidad del agua superficial para prevenir brotes relacionados con la manipulación de alimentos.
La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la obligación de exigir a las empresas de acueducto y energía la actualización de sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) y la garantía de fuentes alternas de abastecimiento. Las empresas deberán mantener al día sus protocolos para responder a posibles crisis derivadas de la sequía.
La circular también establece que las entidades deben activar los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y Territoriales (Pigccs y Pigcct), y que la articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SIna) es fundamental para la operatividad y respuesta ante emergencias.
Acciones de la Ungrd y monitoreo del Ideam
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mediante la Circular 028 del 16 de abril de 2026, complementó las directrices de la Procuraduría con lineamientos específicos para reforzar la preparación institucional y comunitaria. La entidad, bajo la dirección de Carlos Carrillo Arenas, instó a gobernadores, alcaldes y coordinadores de gestión del riesgo a anticipar los efectos del fenómeno, con énfasis en escenarios de desabastecimiento hídrico e incendios forestales.
El Idema, responsable del monitoreo océano-atmosférico, estimó una probabilidad del 61% de ocurrencia de El Niño entre mayo y julio, que podría superar el 90% entre septiembre y diciembre de 2026. Ante este panorama, la Ungrd estructuró sus acciones en tres ejes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
Entre las principales orientaciones se destacan la identificación de áreas vulnerables, el uso eficiente del agua, el mantenimiento de acueductos, la promoción de seguros agropecuarios y el fortalecimiento de capacidades para la respuesta a incendios forestales. La entidad advierte que, aunque El Niño implica déficit hídrico, no elimina por completo las lluvias, por lo que se deben considerar escenarios de avenidas torrenciales.
Finalmente, la Procuraduría subrayó que la preparación ante El Niño es una responsabilidad compartida y de cumplimiento obligatorio. La omisión o negligencia en la planificación o ejecución de las medidas ordenadas podrá acarrear investigaciones disciplinarias para los funcionarios responsables. La vigilancia de la Procuraduría será estricta y periódica, en coordinación con otras autoridades nacionales y regionales.
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