La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia suspendió de manera inmediata las licencias de tres empresas de seguridad tras detectar la desaparición de 393 armas de fuego que estaban bajo su custodia.
Las compañías involucradas son Águila de Oro, Laucris Security y Helam, todas relacionadas a través de un acuerdo de colaboración no permitido, según informó El Tiempo.
La suspensión se produjo luego de que una inspección oficial revelara la pérdida de 393 armas bajo responsabilidad de estas empresas. El hallazgo se centró en un coordinador de activos, Elkin David Polanco Pérez, quien tenía acceso directo al armamento de las tres firmas debido a un convenio irregular.
Esta situación puso en riesgo la seguridad pública y llevó a las autoridades a abrir investigaciones administrativas y penales de amplio alcance.
Las indagaciones determinaron que Elkin David Polanco Pérez, como coordinador de activos, era responsable de la custodia, verificación y mantenimiento de las armas.
Salió de vacaciones el 31 de diciembre y, al no regresar ni responder a los llamados en enero, surgieron las alertas internas. Las verificaciones posteriores evidenciaron la magnitud de las pérdidas: Águila de Oro reportó la falta de 275 armas, Helam la de 104 y Laucris Security la de 14, sumando un total de 393 armas extraviadas cuyo destino aún se desconoce.
Una inspección realizada en febrero por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada permitió dimensionar el caso, de acuerdo con El Tiempo.
La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación penal, mientras que el proceso administrativo puede extenderse hasta tres años, el plazo legal máximo para una resolución de fondo. Aunque las empresas notificaron la ausencia del coordinador en enero, fue la visita oficial la que destapó por completo el caso.
Investigación penal y administrativa tras el hallazgo
La investigación penal está ahora a cargo de la Fiscalía General de la Nación desde que se confirmó el extravío masivo de armas. Paralelamente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada inició el proceso administrativo, que puede durar hasta tres años para determinar posibles sanciones.
El Tiempo reportó que la raíz del problema fue un acuerdo irregular entre las empresas para compartir un mismo coordinador de activos, práctica no permitida en el sector, y que activó la indagación.
El paradero de las armas sigue sin esclarecerse, lo que mantiene la alerta entre las autoridades encargadas del control de armamento y la opinión pública ante la posibilidad de que el equipamiento llegue a redes ilegales.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada indicó esta semana que ha aplicado suspensiones similares en 31 empresas de seguridad. La mayoría de estos casos obedecen a inconsistencias administrativas como direcciones incorrectas, fallos en sistemas de control o incumplimientos normativos, y no siempre suponen vínculos con actividades ilegales.
Declaraciones oficiales y debate sobre el control de armas
El superintendente Larry Álvarez recalcó el rigor institucional necesario frente a estos hechos y la obligación de respetar el marco legal vigente. “Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, afirmó Álvarez, citado por El Tiempo. El directivo subrayó que la prioridad es proteger la legalidad y la transparencia en el sector de la seguridad privada.
Las medidas incluyen inspecciones periódicas y depuración de registros para detectar posibles anomalías. Aunque existen reportes por pérdidas o inconsistencias, la mayoría de las armas bajo custodia de empresas de seguridad permanece debidamente registrada.
En el entorno nacional, el caso reaviva el debate sobre la capacidad del Estado de monitorear y controlar un sector que opera bajo regulaciones estrictas, donde cualquier desviación representa un riesgo para la seguridad pública.
El debate nacional por el control de armamento
El informe conocido recientemente retoma el debate nacional sobre la gestión de armas en manos del sector de seguridad privada. Hace un año, el presidente Gustavo Petro alertó sobre la supuesta pérdida de más de 67.000 armas.
Sin embargo, datos precisados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y citados por El Tiempo refieren que existen realmente 55.589 armas registradas; aproximadamente el 95% están activas y bajo control de unas 430 firmas.
La revisión de registros permitió clarificar las cifras y reducir la percepción de un problema de escala mayor, aunque episodios como el actual demuestran la importancia de fortalecer los controles y los procedimientos de verificación. Las autoridades insisten en que mantienen la vigilancia ante cualquier señal de irregularidad en el manejo de armamento privado.
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