La familia de Kelly Ann Knight, una ciudadana estadounidense que fue hallada muerta en su apartamento de Medellín, Antioquia, hace siete años, mantiene viva su lucha por justicia y ha decidido acudir a instancias internacionales ante la falta de avances en el proceso judicial en Colombia.
El caso, investigado inicialmente como un presunto feminicidio, permanece estancado desde 2019, lo que llevó a los padres de Knight a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
La queja ante la Cidh, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostiene que el Estado colombiano incumplió su deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, vulnerando así el derecho de Knight y su familia al acceso a la justicia.
La ciudadana procedente de los EE. UU. tenía 34 años al momento de su muerte, y fue encontrada sin vida por su esposo colombiano (Esteban Camilo Bedoya) en el apartamento que compartían.
La autopsia registró múltiples lesiones y hematomas, pero la causa de muerte quedó descrita como “anoxia (falta de oxígeno) bajo investigación”, según el reporte preliminar que manejaron en su momento las autoridades en el Valle de Aburrá.
A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no hay detenidos ni imputados formalmente por la muerte de Knight.
“No obtuvimos ninguna satisfacción en Colombia. La Fiscalía no hizo nada, el médico forense tampoco”, declaró Lee Goodpaster Knight, madre de la víctima, desde Winston-Salem, Carolina del Norte, donde reside la familia, resaltó el informe del medio local WDTN-TV.
Por su parte, Ignacio Álvarez Martínez, abogado de la familia y exrelator especial para la libertad de expresión de la Cidh, explicó que la solicitud de prioridad ante la Comisión busca acelerar el proceso y reducir el tiempo de espera para la admisión formal de la queja, que podría pasar de un año a solo unas semanas.
Por su parte, la Fiscalía de Colombia informó que el caso continúa en la fase de indagación y está siendo manejado por un fiscal especializado en feminicidios. Según el ente investigador en declaraciones oficiales, “se están ejecutando órdenes policiales” y la información pertinente ya fue remitida a la Cidh para su valoración.
La petición de la familia Knight ante la comisión tiene además un objetivo mayor: sentar un precedente que lleve a Colombia a crear una política estatal integral para la prevención del feminicidio.
Y es que entre enero y septiembre de 2025, el Observatorio Colombiano de Feminicidios documentó 621 casos en el país —un promedio de dos por día—, mientras que en 2024 se registraron 872.
A pesar de que la legislación colombiana contempla penas de hasta 50 años de prisión por feminicidio, organizaciones feministas denuncian que la impunidad persiste y que la brecha entre la ley y su aplicación es crítica.
Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, destacó que la tasa de impunidad en casos de violencia de género supera el 90%.
Por este caso y muchos más que se presentan cada año no solo en Colombia, sino alrededor de todo el planeta, cada 25 de noviembre, Día Internacional de laliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas en el país exigen investigaciones más ágiles y efectivas, reclamando que la justicia no sea solo un derecho en el papel.
Mientras el proceso avanza lentamente en Colombia y en la vía internacional, la familia de Kelly Knight sigue exigiendo respuestas.
“Nunca lo superas. Tienes que seguir adelante, pero nunca lo superas”, expresó su padre, Raymond Allen Knight, reflejando el dolor y la persistencia de quienes buscan justicia en medio de la impunidad.
Con todo esto, la familia norteamericana espera dejar un precedente para que las autoridades locales no cesen en las acciones que buscan esclarecer qué fue lo que ocurrió antes de que la vida de Knight se apagara para siempre.
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