En la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro, varios de sus funcionarios más cercanos enfrentan procesos judiciales en distintas etapas, desde indagaciones preliminares hasta juicios formales. Un reciente informe publicado por El Tiempo pone bajo la lupa a figuras clave del Ejecutivo, las cuales combinan acusaciones por acciones como corrupción, tráfico de influencias, irregularidades contractuales y presunto enriquecimiento ilícito.
Los casos involucran desde el presidente de Ecopetrol hasta altos funcionarios del sector salud y representantes del Gobierno en entidades educativas. A continuación, un recorrido por los expedientes más relevantes.
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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, bajo investigación penal
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, solicitó vacaciones y una licencia no remunerada mientras avanza la indagación en su contra. El Tiempo reportó que el primer proceso penal corresponde a la compra de un apartamento en el barrio Chicó de Bogotá, donde fue imputado por tráfico de influencias. El contrato de compraventa, firmado con Juan Guillermo Mancera, se concretó por un valor 34% menor al comercial. Roa no aceptó los cargos.
Además, Roa es el primer alto funcionario del Gobierno Petro citado por la justicia en el marco del escándalo de presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial. La audiencia de imputación por este proceso está prevista para el 8 de mayo en los juzgados de control de garantías de Bogotá. La diligencia fue pospuesta en dos ocasiones anteriores.
Daniel Quintero, superintendente de Salud, enfrenta juicio por peculado
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, fue llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. El caso, conocido como Aguas Vivas, involucra la transferencia de un megalote de aproximadamente 146.000 metros cuadrados. Funcionarios durante su administración habrían favorecido a empresarios locales al modificar la figura de cesión gratuita por la de compraventa, generando un pago de 40.000 millones de pesos.
Quintero atribuyó la firma inicial del contrato a su antecesor, Federico Gutiérrez, y sostuvo ante la Fiscalía que su administración concluyó una negociación que consideró ilegal. “El predio había sido regalado; pero en la letra pequeña del contrato decía que tocaba pagarles 40.000 millones. Mi gobierno termina el contrato, pero este era ilegal”, declaró Quintero según recogió El Tiempo.
Armando Benedetti, ministro del Interior, suma siete procesos en la Corte Suprema
El ministro del Interior, Armando Benedetti, registra siete procesos en la Corte Suprema de Justicia. El más avanzado, en etapa de juicio, corresponde al caso Fonade, donde se le señala de interceder para la adjudicación de un contrato superior a 1.000 millones de pesos a Certicámara S. A.. Las investigaciones también comprenden el llamado “carrusel de pensiones” en Córdoba, presuntos hechos de corrupción en la Fiduprevisora y supuesto favorecimiento a la empresa Simeric S. A. con una ley.
Benedetti enfrenta además un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, vinculado al origen de bienes y movimientos de dinero, y otro por supuestas presiones para nombramientos, tras declaraciones del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes. La defensa del ministro argumenta que las denuncias se originan en una rivalidad personal con el abogado Jaime Lombana.
Wilmar Mejía, director de la Uiaf, investigado por vínculos con organización criminal
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Wilmar Mejía, enfrenta una investigación penal tras aparecer su nombre en información extraída de los computadores del cabecilla disidente alias ‘Calarcá’. Según El Tiempo, Mejía figura como presunto aliado de la organización criminal. Por este motivo, la Procuraduría suspendió preventivamente a Mejía y al general Juan Miguel Huertas, aunque posteriormente la sanción fue levantada mientras sigue el proceso penal.
Mejía negó las acusaciones y afirmó que se trata de un complot en su contra.
Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, con cuatro procesos penales activos
Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS y exalcalde de Cali, cuenta con cuatro procesos penales en curso. Tres de los expedientes se encuentran en etapa de indagación, mientras que el cuarto corresponde a una acusación formal por supuestas irregularidades en un contrato de alumbrado navideño en Cali, por un valor de 10.334 millones de pesos. Ospina ha negado los cargos.
El exalcalde ha sido objeto de más de 60 investigaciones por parte de diferentes entes de control, según el mismo medio.
Juliana Guerrero, representante del Gobierno en Unicesar, imputada por fraude procesal
Juliana Guerrero, representante del Gobierno en la junta directiva de la Universidad del Cesar (Unicesar) y exviceministra de Juventudes, fue imputada por fraude procesal y falsedad en documento público. Guerrero habría presentado dos títulos académicos presuntamente falsos para acceder al cargo, requisito indispensable para su designación. La Fiscalía sostiene que “nunca fue a clase ni presentó los exámenes”, según avanzó el proceso penal.
Guerrero mantiene su puesto en la junta directiva y, según El Tiempo, se le atribuye influencia en entidades como el Fondo Colombia en Paz.
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