El Ministerio de la Igualdad enfrenta investigación por irregularidades en contrato de comunicaciones

La gestión de recursos públicos en el contrato de comunicaciones del Ministerio de la Igualdad y Equidad en Colombia está bajo investigación tras detectarse presuntas irregularidades en su ejecución y supervisión.

La polémica salpica a Francia Márquez, exministra y actual vicepresidenta, e involucra a directivos, contratistas y empresas, mientras organismos de control ya adelantan procesos formales, informó Semana.

El contrato de comunicaciones del Ministerio de la Igualdad es objeto de investigación por la posible ineficacia en el uso de más de $9.000 millonesdestinados a campañas de transformación cultural y fortalecimiento de medios comunitarios.

Las autoridades analizan deficiencias en los informes, pagos objetados por la administración y discrepancias en la documentación, lo que podría derivar en la liquidación del ministerio y sus fondos en junio de 2026 si no se resuelve el conflicto.

La controversia comenzó el 14 de mayo de 2024, cuando Ronald Mayorga, jefe de la Oficina de Comunicaciones, y la asesora Carolina Mejía presentaron a Márquez una estrategia de comunicación que requería 9.000 millones de pesos para doce meses y $1.000 millones adicionales para material pedagógico impreso.

Márquez aprobó el proyecto, que fue adjudicado entre Fiduagraria S. A. y la unión temporal Más Igualdad, integrada por la Agencia Toro y el Canal Trece.

El objetivo era desmantelar narrativas de discriminación y promover la inclusión mediante campañas y acciones en medios comunitarios.

Sin embargo, en enero de 2025 representantes de varias áreas internas advirtieron que no recibieron el apoyo comunicativo esperado, situación que habría sorprendido a la vicepresidenta.

Un informe interno obtenido por el medio mencionado resumió: “Las áreas misionales advirtieron que no contaban con el apoyo que habían requerido, y que dar visibilidad a los programas y las acciones era crítico para la gestión de cada uno”.

Irregularidades detectadas en la ejecución del contrato

El contrato, finalmente formalizado por $9.200 millones y establecido para ejecutarse en siete meses, presentó problemas desde los primeros desembolsos.

En diciembre de 2024 se realizaron dos pagos, por $757 millones y $2.778 millones de pesos. Un tercer pago, por $1.000 millones, quedó en suspenso por instrucción de Márquez tras revisar la insuficiencia de los informes.

El Ministerio de la Igualdad registró oficialmente: “Se evidenció ausencia de la construcción narrativa de campañas de cambio cultural y de los informes de analítica que dieran cuenta de cambios narrativos... También se evidenció la ausencia de productos en relación con el fortalecimiento de medios comunitarios y populares”.

Ante los resultados insatisfactorios y la brecha entre lo planeado y lo ejecutado, Márquez encargó a Mayorga la posible liquidación del contrato; sin embargo, negó al medio citado haber recibido tal orden: “No recibí ninguna orden para liquidar el contrato”.

Pese a la instrucción de pausar el pago, el tercer desembolso por 1.397 millones de pesos fue aprobado, pero no se ejecutó. Mayorga renunció el 19 de febrero de 2025 y su salida del cargo se formalizó a partir del 3 de marzo, quedando pendiente su paz y salvo mientras respondía a los reclamos de la cartera.

Relevo de funcionarios y controversias en la supervisión

El relevo de la gestión colocó a Carlos Rosero al frente del ministerio tras la salida de Márquez. En el empalme de marzo de 2025, Márquez reportó problemas en el contrato y afirmó haber solicitado su liquidación meses atrás, según un informe interno citado por Semana.

La supervisión pasó a Sonia Fernanda Cifuentes el 27 de marzo, que solo el 23 de abril accedió formalmente a los documentos de supervisión previos.

Según la comunicación entregada por Mayorga, el tercer pago estaba respaldado técnicamente. Sin embargo, el comité encargado de validarlo solo incluía a Mayorga y a la representante legal de Más Igualdad.

Cifuentes exigió nuevos soportes y procedió a liquidar el contrato, mientras surgía una cuarta factura respaldada por un informe firmado por Mayorga con fecha posterior a su renuncia, y sin el aval del comité técnico. El ministerio calificó la situación como una “inconsistencia e ilegalidad”.

Al ser consultado, Mayorga declaró: “Después de mi renuncia al cargo, no he intervenido y mucho menos autorizado documento alguno relacionado con dicho contrato... No he elaborado, ni participado en la revisión, ni firmado ningún informe de supervisión ni documento adicional”.

En conversación con el medio citado, defendió su gestión: “Ejercí mi labor como supervisor del contrato cumpliendo con todos los requerimientos... Además, existía una ruta de aprobaciones después del visto bueno de la supervisión para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos. En este mismo sentido, desconozco estos alegatos”.

Investigación y futuro del Ministerio de la Igualdad

Cifuentes indicó a Semana que desde marzo de 2025 empezó la revisión técnica, jurídica y financiera de todas las obligaciones y productos entregados, incluyendo los relacionados con la cuarta factura, sobre la que se solicitaron subsanaciones sin obtener respuesta del contratista.

Como resultado, la Oficina de Control Interno Disciplinario del ministerio inició una investigación formal en octubre de 2025. También notificó a la Procuraduría y la Fiscalía para que actuaran dentro de sus competencias.

La unión temporal Más Igualdad sostiene que su gasto asciende a 4.933 millones de pesos, de los cuales solo ha recibido 3.535 millones. Queda pendiente una factura por 1.397 millones, mientras que la cuarta fue rechazada. El saldo por ejecutar alcanza los 4.347 millones de pesos.

El conflicto permanece abierto por la falta de acuerdo sobre los pagos y los soportes legales. Funcionarios del ministerio insisten en que continuarán con las acciones necesarias si persisten las discrepancias.

De fondo, la resolución de este proceso enfrenta una carrera contra el tiempo. El futuro del Ministerio de la Igualdad y sus fondos depende de alcanzar una solución definitiva antes de junio de 2026, fecha establecida para su liquidación si no se ha resuelto el litigio, según reportó Semana.