Abogado de Olmedo López aseguró que su cliente no evadió la justicia tras acusación de la Fiscalía: “No fue a Managua a montar trencito”

La Fiscalía General de la Nación radicó el jueves 16 de abril de 2026 el escrito de acusación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El exfuncionario es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Según el ente acusador, los hechos están relacionados con el favorecimiento de un contratista mediante una orden de proveeduría por $48.600 millones destinada a la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

Tras la radicación del escrito, el abogado José Moreno, defensor de López, se pronunció públicamente a través de un video en el que explicó la posición de su cliente frente al avance del proceso judicial.

“Aquí no se cayó la verdad, aquí no se cayó la colaboración. Lo único que no fue avalado fue un preacuerdo por razones técnicas en su estructuración por parte de la Fiscalía”, afirmó.

Rechazo del preacuerdo y cuestionamientos técnicos

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el preacuerdo parcial alcanzado entre la Fiscalía y el procesado, decisión que confirmó lo resuelto previamente por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Según lo establecido por las autoridades judiciales, la pena propuesta —de seis años, dos meses y 7,5 días de prisión— y la multa no fueron calculadas correctamente; pero se advirtieron inconsistencias en la forma en que se consideraron los delitos imputados.

En su pronunciamiento, el tribunal explicó que no se tuvo en cuenta la totalidad de los peculados por apropiación investigados. “Aunque existen tres peculados, uno en favor propio por $724.000.000 y dos en favor de terceros por $13.446.300.723 y $12.065.829.424, el preacuerdo solo contempla un aumento de seis meses por el concurso de uno de ellos, dejando sin tratamiento penal el tercer evento”, indicó.

Frente a este punto, la defensa de López reiteró que la dificultad no estuvo en la colaboración ni en la devolución de recursos, sino en la estructuración jurídica del acuerdo. En su intervención, Moreno señaló: “No falló la devolución de Olmedo López, sino falló la forma en como se explicó por parte de la Fiscalía”.

En ese contexto, explicó que el proceso no se dirigirá a juicio, dado que ya existe un allanamiento a cargos por parte del exfuncionario. “La Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente con allanamiento, porque desde el inicio Olmedo López ha sido claro en algo: su voluntad es aceptar cargos y asumir su responsabilidad”, indicó.

Moreno agregó que el escenario jurídico cambió con esta decisión y que el proceso se encuentra ahora en una fase distinta. “Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue reducida”, precisó.

En relación con la colaboración de su defendido, el abogado explicó que López se comprometió a declarar contra otros actores involucrados en los hechos. “Continúa con su principio de oportunidad, en donde le dan inmunidad por otros delitos y se compromete a declarar contra altos funcionarios, ministros, congresistas, contratistas”, afirmó.

El abogado también destacó otros elementos relacionados con el comportamiento de su cliente durante el proceso. “No negó los hechos, no huyó, no se fue a Managua a montar trencito, no guardó silencio, por el contrario, decidió hablar”, expresó.

Finalmente, Moreno aseguró que López continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades judiciales. “Seguirá asistiendo a todos los llamados de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación y seguirá aportando información”, concluyó, al tiempo que insistió en que el caso entra ahora en una etapa en la que el juez deberá definir las consecuencias jurídicas correspondientes.