Procuraduría se tomó las instalaciones de la Superintendencia de Salud: verifican posibles irregularidades en intervención a la Nueva EPS

En medio de la polémica por posibles irregularidades en la actuación de la Superintendencia de Salud para mantener la intervención sobre la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, la Procuraduría General de la Nación confirmó la tarde del jueves 16 de abril que envió una misión para inspeccionar la sede de la entidad.

Según indicó el procurador General, Gregorio Eljach, la inspección intentará verificar con documentos y equipos de la Superintendencia si se cometieron inconsistencias en la firma de la prórroga de la intervención a la promotora de salud, además de establecer si se se incurrió en alguna falta al nombrar al nuevo interventor Jorge Iván Ospina.

En este momento están ya yendo en camino una visita administrativa de control para establecer la veracidad de lo que dice la información y abrir las investigaciones a quien corresponda y echar a andar el proceso disciplinario", señaló el procurador.

Durante su encuentro con el ministro del Interior, Armando Benedetti, el funcionario aseguró que actuarán con la prontitud del caso, aunque admitió que están supeditados a los tiempos y procedimientos dispuestos por la ley, por lo que no se podrá dar una información en la brevedad.

“No podemos actuar más rápido de lo que permiten los términos de los procedimientos, que son los que están vigentes, que son los que debemos aplicar, y no estamos en condición de dar una respuesta definitiva e inmediata, como sucede, por ejemplo, en otros campos de la actividad pública, que se pueden definir las cosas, suceden hoy, se resuelven mañana”, señaló Eljach.

Sin embargo, el procurador aseguró que la orden de inspeccionar la sede de la Superintendencia de Salud se dio inmediatamente después de conocerse las denuncias desde la entidad sobre una presunta ilegalidad en la intervención de la EPS.

“A las ocho de la mañana se dio la orden y las delegadas empezaron a organizar sus recursos humanos, su tecnología y arrancaron a trabajar. Entiendo que ya están en la superintendencia”, comentó.

Entretanto, Gregorio Eljach también hizo referencia al reciente nombramiento del exalcalde de Medellín Daniel Quintero como nuevo superintendente y la posible injerencia del Ministerio público para ‘tumbarlo’.

Según indicó el procurador, la decisión de nombrar a la nueva cabeza de la entidad recae exclusivamente sobre el presidente Gustavo Petro, mientras que entregó detalles de cómo avanzan las investigaciones disciplinarias contra Quintero tras su paso por la Alcaldía de Medellín.

“Hay varias quejas, unas van más adelante, otras van más atrás. Hay una que se produjo sanción, pero como ustedes recuerdan, surgió un nuevo paso que hace más lento el trabajo de la Procuraduría, que es el control de legalidad de quienes han sido elegidos popularmente y la causa obedece a su ejercicio, que tiene que ir al Consejo de Estado para que allá hagan el control de calidad. Allá se encuentra hace ya unas buenas semanas. Cuando ellos decidan, haremos lo que el consejo nos diga”,señaló Eljach.

La decisión de la Procuraduría se da después de que se revelara la denuncia de siete funcionarios de la Superintendencia de Salud que acusan a Luz María Múnera —superintendente ad hoc para la Nueva EPS— de irregularidades graves en la prórroga de la intervención forzosa de la aseguradora, cuya administración recayó en el exalcalde Jorge Iván Ospina.

Según información publicada por Caracol Radio, el Gobierno Nacional habría omitido los procedimientos legales y reglamentarios establecidos para intervenir a la mayor aseguradora de Colombia, que cuenta con 11,5 millones de afiliados y está bajo intervención oficial desde el 4 de abril de 2024.

Uno de los elementos distintivos de la denuncia, divulgado en un documento de la Procuraduría con fecha 14 de abril, es la acusación concreta de que Múnera tomó la decisión de prorrogar la intervención sin cumplir ninguno de los requisitos técnicos y formales que exige la normativa.

Entre las omisiones señaladas figuran la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, la falta de un concepto técnico de adopción y seguimiento y la inexistencia de información complementaria anexada a los expedientes.

Se indica además que Múnera presenthabría presentado un informe con “inconsistencias relacionadas con el debido proceso” y afirmó el incumplimiento de recomendaciones que, de acuerdo con la denuncia de la Supersalud, no habrían sido notificadas previamente a la Nueva EPS.