La Superintendencia de Sociedades sancionó a la empresa Luket S.A.S. por actos de corrupción en el marco de la Ley 2195 de 2022, en una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el entramado empresarial vinculado a Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, señalado como pieza clave en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue adoptada el pasado 8 de abril de 2026 tras una investigación administrativa. La entidad indicó que la actuación se adelantó “con fundamento en las facultades previstas en el numeral 2° de la Ley 2195 de 2022”, norma que permite sancionar a personas jurídicas por hechos de corrupción.
Según la Superintendencia, la responsabilidad de Luket S.A.S. se estableció en el marco del suministro de banco de materiales para la atención de emergencias en municipios como San Pablo (Nariño), Quibdó (Chocó) y Guapí (Cauca). Estos contratos, suscritos mediante órdenes de proveeduría entre octubre de 2023 y enero de 2024, alcanzaron un valor total de $2.257.981.468.
El comunicado señala que, tras el procedimiento sancionatorio, “se logró establecer la responsabilidad de la sociedad por la transgresión de las disposiciones relacionadas con actos de corrupción”. Como resultado, la entidad impuso varias sanciones, entre ellas una multa de $569.011.329, la inhabilidad para contratar con el Estado, la orden de publicar la parte resolutiva de la sanción, la remoción del administrador y la prohibición de recibir subsidios del Gobierno durante diez años.
El caso adquiere relevancia al considerar el papel de Luket S.A.S. dentro del esquema empresarial atribuido a López Rosero. Según las investigaciones conocidas en el contexto del escándalo de la Ungrd, esta empresa habría sido utilizada como parte de un conjunto de sociedades que operaban de manera coordinada. En ese esquema, Luket S.A.S. habría funcionado como una de las firmas que participaban en procesos de contratación para simular competencia.
Ese mecanismo consistía en presentar múltiples cotizaciones provenientes de empresas que, en la práctica, estaban bajo el mismo control, con el fin de dar apariencia de legalidad a procesos previamente acordados. En ese contexto, Luket S.A.S. aparece vinculada a la estructura que permitió adjudicar contratos bajo condiciones que posteriormente fueron cuestionadas por las autoridades.
El pronunciamiento de la Superintendencia no menciona directamente a López Rosero, pero se produce en medio de decisiones judiciales y administrativas que han identificado a este empresario como articulador de un conglomerado de compañías, entre ellas Luket S.A.S., Impoamericana Roger S.A.S., Brand S.A.S. y Calmo S.A.S.
Estas sociedades, de acuerdo con los hallazgos conocidos, compartían estructuras operativas y habrían sido utilizadas para ejecutar contratos públicos y canalizar recursos. En el caso de la Ungrd, este entramado empresarial fue señalado de participar en operaciones relacionadas con sobrecostos y desvío de recursos, especialmente en contratos como el de los carrotanques destinados a La Guajira.
En ese escenario, Luket S.A.S. no solo habría participado en contratos recientes, sino que también contaba con antecedentes de contratación con la Ungrd, incluyendo procesos durante la pandemia de COVID-19 y otras emergencias. La sanción conocida este 15 de abril de 2026 se enfoca específicamente en hechos relacionados con el suministro de materiales, pero se conecta con un contexto más amplio de investigaciones sobre prácticas irregulares.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó en el comunicado que “esta decisión reafirma el compromiso institucional con la consolidación de un entorno empresarial sólido, basado en principios de transparencia, integridad y responsabilidad”. Añadió que estas medidas buscan “prevenir y sancionar conductas asociadas a la corrupción”.
La decisión contra Luket S.A.S. se suma a otras actuaciones de las autoridades en torno al caso Ungrd, en el que se han documentado presuntas irregularidades en la contratación pública. La sanción administrativa refuerza la línea de acción institucional frente a empresas involucradas en estos hechos y pone el foco en los mecanismos utilizados para estructurar procesos contractuales cuestionados.
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