
La controversia política en Colombia se intensificó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien lanzó una advertencia dirigida a los alcaldes de distintas regiones en medio del paro campesino que afecta a Santander, Boyacá y Norte de Santander. La protesta se originó por la inconformidad frente a la actualización del avalúo catastral, medida que incide directamente en el cobro del impuesto predial en varias zonas del país.
En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que los alcaldes que no presenten iniciativas para atender la situación derivada de la actualización del avalúo catastral, podrían ser destituidos de sus cargos. “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó Petro en su mensaje.
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Además, el presidente responsabilizó a las autoridades locales por la definición de la tasa del impuesto predial. Según indicó, “lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, y agregó que el Gobierno no permitirá afectaciones en el acceso a alimentos de los hogares.
Respuesta de Claudia López
En entrevista con Infobae Colombia, Claudia López se refirió a las declaraciones del presidente y cuestionó el alcance de sus afirmaciones. “Hombre, el presidente Petro demuestra que el embrujo autoritario no tiene ideología. Ahora es a Petro al que le estorban los alcaldes, las cortes, los jueces, la libertad de prensa, el Banco de la República”, expresó.
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Durante la misma intervención, la candidata a la Presidencia agregó: “Presidente Petro debe recordar que los alcaldes y gobernadores no somos sus funcionarios ni sus esclavos. Son representantes electos por el voto popular, que pueden ser revocados por un procedimiento de los ciudadanos, no del presidente de turno”.
López también señaló que las declaraciones del jefe de Estado evidencian, según sus palabras, un desconocimiento de los límites institucionales. “Esto demuestra que, eh, todas las instituciones creadas para eso, la Comisión de Acusación y la Procuraduría General de la Nación, no sirven para nada”, afirmó en la entrevista.
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En su pronunciamiento, la exalcaldesa de Bogotá hizo referencia a la necesidad de cambios en los mecanismos de control político. “Se necesita una reforma contra la corrupción y contra la concentración de poder. Crear el tribunal de aforados es indispensable para el futuro democrático de Colombia”, indicó.
“Nos hemos acostumbrado a los abusos de poder”: Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de López
Por su parte, Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, también se pronunció abordando el alcance de las competencias del presidente dentro del orden constitucional.
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“Pues claramente la Constitución establece unas normas y unas competencias. Aquí nos hemos acostumbrado, y no solo en este gobierno, sistemáticamente a los abusos del poder, sobre todo de la figura presidencial”, manifestó en entrevista con este medio.
Huerta explicó que el modelo institucional colombiano concentra el poder en la figura presidencial y señaló diferencias con otros sistemas. “Colombia creo que es de los pocos estados en el mundo que además de ser un régimen presidencial en su forma de gobierno, es un modelo unitario en su forma de Estado”, afirmó, y comparó este esquema con otros países: “Por lo general, los estados presidenciales, como Estados Unidos, son federales y el poder del presidente se ve disipado por el gran poder de los gobernadores”.
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Huerta agregó que, aunque existen sistemas similares en países como Ecuador y Perú, en Colombia se presenta una característica adicional. “Lo que hace que Colombia no sea presidencial, sino presidencialista, y yo diría presidencialero, en términos de constitucionalismo teórico, es que en Colombia la figura del presidente tiene algo adicional y es que no tiene responsabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que todos los servidores públicos deben responder por sus actuaciones en distintos ámbitos. “Todo servidor público tiene una responsabilidad y la responsabilidad es asumir las consecuencias de su conducta. Esa conducta tiene una responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, política, administrativa, múltiples responsabilidades”, precisó. Sin embargo, afirmó que esto no ocurre de la misma manera con los altos cargos del Estado: “Pero el presidente, como los altos cargos del Estado, de todas las ramas del poder público, no tienen responsabilidad”.
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