La Fiscalía investiga la liberación de un presunto narcotraficante por orden del general Mejía en 2024; se conocen videos y testimonios

La liberación de un presunto traficante de cocaína capturado con cuatro kilos y medio de droga, por orden directa del general Federico Mejía del Ejército colombiano, desató una ola de preguntas y una investigación penal de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El hecho ocurrió el 31 de enero de 2024, durante una operación militar en la vereda El Diamante, Cauca, y fue revelado en exclusiva por Semana.

El general Mejía ordenó, presuntamente, la liberación de Melciades Guaca Armero, quien fue detenido en flagrancia por soldados tras encontrarle la sustancia ilícita.

La instrucción desencadenó el despliegue de tropas y costosos medios aéreos en una zona bajo presión por el narcotráfico. La Fiscalía abrió una indagación que examina la actuación de los mandos militares, la legalidad de la orden, los recursos empleados y los posibles delitos asociados al caso.

El general Federico Mejía argumentó que la orden fue para evitar una asonada, aunque soldados sostienen que la situación estaba bajo control y no había riesgo inmediato de violencia civil. La decisión provocó la apertura de investigaciones en la Fiscalía, cuestionamientos sobre los mandos superiores y dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano en zonas de conflicto.

El operativo empezó cuando una unidad militar, en acciones contra el narcotráfico en El Plateado, interceptó a un hombre en motocicleta.

Durante la revisión hallaron 4,5 kilos de pasta de base de cocaína en su equipaje. Los uniformados informaron a la Fiscalía, leyeron los derechos al detenido y lo trasladaron en helicóptero a la base de Popayán para ser judicializado.

Una vez en Popayán, los soldados recibieron la inesperada orden de liberar a Guaca Armero con la droga incautada.

Según denuncia recogida por la Fiscalía y reconstruida por Semana, la disposición provino del general Federico Mejía, entonces comandante del Comando Específico del Cauca.

Los militares advirtieron inicialmente que no había helicópteros disponibles para regresar al detenido, pero luego el Ejército coordinó el envío de dos aeronaves desde Cali: una Black Hawk y un Arpía artillado de la Fuerza Aérea, para escoltar el retorno del capturado al lugar donde fue arrestado.

Durante el procedimiento, se grabaron videos en los que los soldados, siguiendo instrucciones superiores, preguntaron al detenido sobre el trato recibido. Guaca Armero respondió: “Bien, bien”. Las imágenes y testimonios forman parte de las pruebas presentadas ante la Fiscalía, según reportó Semana.

La polémica orden del general Mejía y el operativo de liberación

El regreso de Guaca Armero a El Plateado implicó el uso de dos helicópteros militares, uno artillado para escolta, según fuentes consultadas por Semana.

El coronel responsable de la operación antidrogas recibió una llamada directa del general Mejía ordenando devolver al capturado, junto con la droga, al lugar inicial de su detención. Videos y declaraciones documentadas en la denuncia 67643 de la Fiscalía Especializada de Popayán muestran que el procedimiento se realizó según las instrucciones recibidas.

Altos mandos, como los generales Helder Giraldo (Fuerzas Militares), Mauricio Ospina (Ejército) y Emilio Cardozo (Ejército), estaban al tanto de lo sucedido, de acuerdo con las investigaciones.

El despliegue logístico implicó un gasto relevante. El costo de combustible por hora de vuelo de cada aeronave, según militares citados por la Fiscalía, se calcula en 15 millones de pesos. El trayecto completo (Cali-Popayán-El Plateado-Cali) requirió tripulación completa y movilizó dos helicópteros Black Hawk y un Arpía.

En esta zona calificada por el Ejército como de alto riesgo, hubo diálogo entre comunidades y tropas. Militares reiteraron a la revista Semana que el trato al capturado hizo parte de una misión sensible con presión social, aunque las pruebas exponen una decisión inusual dentro de la jerarquía castrense.

Explicaciones oficiales y contradicciones en el caso

Las versiones sobre las razones para liberar a Guaca Armero son opuestas. El general Federico Mejía comunicó a sus superiores que la orden buscó evitar una asonada, es decir, una reacción violenta de la comunidad tras la captura.

Sin embargo, soldados que participaron en el operativo afirmaron ante la Fiscalía—según cita el medio mencionado—que la situación estaba controlada y los civiles no representaban una amenaza. Parte de la población ya se había retirado después de dialogar con los uniformados.

En su respuesta al medio citado, Mejía negó haber dado la instrucción de liberar al detenido: “En ningún momento ordené la liberación de persona alguna, entre otras razones porque no ostentaba la competencia funcional directa sobre el procedimiento”.

No obstante, la revista accedió a un documento firmado por el general dirigido al comandante del Ejército en ese momento Emilio Cardozo que reconoce la orden y describe los detalles de la liberación del presunto traficante.

Mejía justificó que la decisión respondió a las circunstancias del lugar y a la necesidad de evitar incidentes mayores. Sin embargo, los documentos judiciales y testimonios señalan una secuencia de mando que ha generado desconcierto en la institución.

La investigación penal, a cargo de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pretende establecer la legalidad de las órdenes impartidas y el nivel de responsabilidad del general Federico Mejía y su cadena de mando. Los fiscales han interrogado a oficiales operativos y superiores, poniendo énfasis en el costo de la operación y en la respuesta disciplinaria, o falta de ella, de los superiores inmediatos.

Se calcula que la movilización aérea para este procedimiento superó los 100 millones de pesos, considerando las horas de vuelo y el personal involucrado.

Además, Mejía enfrentaba ya una investigación previa por el delito de concierto para delinquir, lo que aumenta las dudas sobre los controles internos en las fuerzas armadas.

Semana documentó que las autoridades judiciales se preguntan si existía una amenaza real, si la reacción militar fue adecuada y si los mandos superiores del Ejército y de las Fuerzas Militares participaron, permitieron o encubrieron la decisión adoptada.

Al presentar su versión, el general Federico Mejía defendió el proceder del Comando Específico del Cauca, argumentando que se actuó conforme a las responsabilidades operativas y tras evaluar los riesgos presentes en la región.