El concejal Daniel Briceño señaló al candidato presidencial Luis Gilberto Murillo por la crisis de pasaportes en Colombia

El concejal de Bogotá Daniel Briceño responsabilizó al exministro y actual candidato presidencial Luis Gilberto Murillo por la crisis en la expedición de pasaportes en Colombia, que, según denunció, ha dejado a miles de ciudadanos en el país y en el exterior sin posibilidades de realizar trámites consulares.

Briceño señaló que bajo la gestión de Murillo se adjudicó de forma directa —y no por licitación pública, como exige la ley— un contrato de $10.000 millones a la empresa Al Desarrollo para actualizar el sistema informático Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), plataforma central para todo trámite ante la Cancillería.

De acuerdo con el abogado, la contratación directa fue “un delito”, pues “ese tipo de contrataciones que tienen suministro y demás, dice la ley, deben hacerse a través de licitación pública”, afirmó en una declaración publicada en su cuenta de X.

Él sostiene que la empresa no cumplió con el desarrollo del nuevo sistema pese a haber recibido una suma multimillonaria “Al Desarrollo incumple, pero incumple luego de haber recibido tres mil cien millones de pesos y no haber actualizado la plataforma”, relató Briceño.

El Sitac, definido por Briceño como “un sistema absolutamente viejo que no funcionaba bien”, debía ser actualizado por disposición del Gobierno. Sin embargo, su mal funcionamiento dejó a ciudadanos como el ciclista Egan Bernal y a decenas de miles de colombianos sin poder acceder a trámites básicos, como la expedición o renovación de pasaportes, registros civiles y autenticaciones en consulados y oficinas diplomáticas.

El funcionario recalcó que la caída del sistema y la imposibilidad de cubrir la demanda actual no tienen otra causa que la falta de actualización y mantenimiento: “La plataforma se cae porque no se actualizó, porque no tiene el debido mantenimiento y porque ya es muy vieja”.

También le atribuyó la actual emergencia administrativa a decisiones tomadas bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, señalando que fue Petro la persona que posibilitó la contratación directa con Al Desarrollo y el que había advertido previamente sobre su carácter de intermediario que facilite actividades de corrupción. “El señor Gustavo Petro ha dicho que es un intermediario, que lo que hace es formar una red de coimas. Ojo a esto, que esto es muy importante”, enfatizó el concejal.

El monto total adjudicado, según sus declaraciones, fue de “uno punto un billón de pesos” en diversos contratos, de los cuales los 10 mil millones destinados para el Sitac son la fuente directa de la reciente crisis.

Daniel Briceño describió el mecanismo que, considera, originó la crisis: el exministro Luis Gilberto Murillo entregó por contratación directa un contrato de 10.000 millones de pesos para modernizar el SITAC. Tras recibir 3.100 millones por anticipado, la compañía Al Desarrollo no entregó una plataforma funcional.

“Tres días llevamos literalmente sin este trámite, sin poder acceder de forma ágil y expedita, y es porque el señor Luis Gilberto Murillo le entregó a una empresa que no sabía de actualización de software el tema de el SITAC. Y ahora todos quieren lavarse las manos”, agregó.

Briceño también enfatizó que desde el inicio de 2024 había advertido sobre el riesgo y la falta de capacidad por parte del contratista, alertas que a su juicio fueron desatendidas por los órganos de control. “Desde el año 2024 yo le estoy advirtiendo a la Procuraduría que no sirve para absolutamente nada lo que iba a pasar y lamentablemente pasó”.

En el centro de la acusación, el concejal plantea preguntas directas sobre la desaparición de recursos públicos: “¿Dónde está la plata, señor Luis Gilberto Murillo? ¿Dónde está la plata, señores de la Cancillería?”. Exige que sean los organismos de control quienes resuelvan el destino de los $3.100 millones entregados sin resultado y solicita sanciones, investigaciones y medidas penales si corresponde.

La crisis de los trámites consulares ya afecta, según Briceño, tanto a ciudadanos dentro del país como en el exterior. La denuncia principal sostiene que, tras la adjudicación fallida y la falta de una plataforma funcional, la ciudadanía enfrenta actualmente la parálisis de todos los servicios esenciales de la Cancillería colombiana.