Concejal de Medellín expuso irregularidades y privilegios tras polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Están viviendo como reyes”

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunció ante la opinión pública una fiesta con artistas, licor y comida al interior de la cárcel de Itagüí, un penal catalogado como de máxima seguridad.

El evento, llevado a cabo el miércoles 8 de abril, se hizo conocido luego de que circularan videos donde el cantante Nelson Velásquez aparece en una tarima, acompañado de sonido profesional, interpretando varios de sus éxitos.

Las imágenes expusieron un ambiente festivo con asistentes rodeados de mesas abundantes en comida y bebidas alcohólicas, en un contexto que sobrepasaba cualquier actividad cultural ordinaria.

Según relató la concejal, la celebración involucró a cerca de 80 a 100 personas, incluidos cabecillas de estructuras criminales trasladados recientemente al penal para participar en mesas de diálogo sociojurídico.

Carrasquilla lanzó la alerta a través de su cuenta en X al publicar un video con música a alto volumen procedente de la prisión. “¿Rumba matutina con Nelson Velásquez? ¿Qué estarán celebrando en una prisión de máxima seguridad que desconocemos?”, cuestionó.

Acusaciones sobre privilegios, pagos y corrupción

La funcionaria reveló que, de acuerdo con fuentes internas y documentos compartidos con su equipo de trabajo, el evento habría costado alrededor de $500 millones. De esa suma, “$100 millones fueron destinados al cantante vallenato Nelson Velásquez y $50 al artista de música popular Luis Posada”, detalló Carrasquilla. El resto del dinero habría cubierto el servicio de comida, meseros, licor y presuntamente pagos para que personal del Inpec permitiera el ingreso de personas y suministros.

La concejal señaló que la fiesta aprovechó la ausencia del director de la cárcel, que se encontraba en permiso, lo que facilitó la organización y acceso de invitados. Según sus declaraciones, esta situación se repite cada vez que la dirección queda a cargo de mandos intermedios, lo que para la funcionaria evidencia fallas profundas en la vigilancia y el control interno del penal.

“Lo grave es que en un centro carcelario, supuestamente de máxima seguridad y con más de 60 cabecillas trasladados para los diálogos, no solo estén dialogando sino que además estén celebrando fiestas, consumiendo licor y recibiendo pagos millonarios por presentaciones”, afirmó Carrasquilla. La funcionaria recalcó que muchos de los cabecillas presentes tienen condenas superiores a 30 años por delitos como homicidio y extorsión.

El papel del Gobierno nacional y las mesas de diálogo

La denuncia de la concejal apuntó a una presunta permisividad del Gobierno nacional, que habría otorgado prerrogativas a los internos bajo el argumento de facilitar un proceso de paz urbana. Carrasquilla asoció la celebración con el ambiente generado tras una reciente resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspendió órdenes de captura para algunos de los líderes criminales implicados en las mesas de diálogo.

De acuerdo con la versión de la funcionaria, la senadora Isabel Zuleta y el comisionado de paz impulsaron la estrategia de trasladar a cabecillas para promover negociaciones con el Estado. No obstante, Carrasquilla sostiene que estos espacios derivaron en privilegios indebidos, como el acceso a teléfonos celulares, computadores, visitas frecuentes y ahora fiestas con artistas reconocidos.

“Ellos sienten que no están en una cárcel de máxima seguridad, sino en un hotel cinco estrellas”, declaró Carrasquilla. “Esto es supremamente grave porque la corrupción en el Inpec es inmensa. Este organismo debería acabarse, porque no es el único hecho que se ha denunciado, sino que hay muchos otros casos de corrupción”.

Reacciones institucionales y antecedentes de irregularidades

Tras conocerse las imágenes y la denuncia, la dirección regional del Inpec habría realizado una inspección en la cárcel, confirmando la realización de la fiesta y el consumo de licor por parte de varios internos. Según la concejal, el evento derivó en un comunicado emitido por las mesas de diálogo sociojurídico anunciando la suspensión de sus reuniones hasta aclarar la situación.

Carrasquilla recordó antecedentes de fiestas y privilegios en cárceles de máxima seguridad, incluyendo un episodio en 2023 con hamburguesas y la presencia de mujeres contratadas para entretenimiento, así como otros festejos donde no ha podido recopilar pruebas suficientes.

La concejal aseguró haber denunciado a miembros del Inpec ante la Fiscalía por hechos similares e insistió en la necesidad de una revisión profunda del modelo de negociación con líderes criminales.

Críticas a la política penitenciaria y cuestionamientos al proceso de Paz Urbana

La gravedad del hecho, en palabras de Carrasquilla, reside en el mensaje que transmite tanto a la ciudadanía como a las víctimas de la violencia en Medellín. La funcionaria subrayó que los beneficios otorgados a los cabecillas, bajo la figura de gestores de paz, no tienen sustento legal para estructuras criminales, ya que la ley actual solo contempla a grupos armados organizados como el ELN o las disidencias de las Farc.

“Estos cabecillas no quieren la paz en la ciudad de Medellín, solo buscan beneficios personales, rebaja de penas y vivir como reyes en la cárcel”, manifestó la concejal. Además, reiteró su llamado a que el Gobierno, los organismos de control y los candidatos presidenciales pongan atención a lo que calificó como un pacto prolongado que podría influir en las próximas elecciones.