El Gobierno nacional estableció un nuevo límite del 30% a las inversiones en el exterior para los fondos de pensiones obligatorias, generando una transformación estructural en la gestión de los recursos de los afiliados y modificando prioridades para canalizar mayor capital hacia el mercado local.
Esta medida, dispuesta por decreto y difundida por el texto oficial, redefine los márgenes de maniobra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que deberán adaptar sus portafolios en un escenario donde la diversificación y rentabilidad internacionales conformaban un eje estratégico.
Según el decreto 0369 del 7 de abril del 2026, las AFP dispondrán de un periodo de transición de hasta cinco años para ajustarse gradualmente al tope establecido. En el plazo máximo de tres años, el umbral intermedio para las inversiones en el extranjero no podrá superar el 35%.
Este dato introduce un horizonte temporal concreto para la adecuación de los portafolios, en un contexto donde la inversión internacional representaba una parte considerable de la estrategia de rentabilidad de los fondos bajo los lineamientos del Decreto 2555 de 2010.
La normativa establece que la decisión del Ejecutivo responde a la necesidad de estrechar la brecha entre la tasa de inversión y la tasa de ahorro nacional, elevando el volumen de recursos que se orientan a proyectos productivos en Colombia. El decreto sostiene que la actual dependencia de financiamiento externo puede revertirse, en parte, redirigiendo los flujos hacia sectores internos, que se vincula con expectativas de estímulo al crecimiento económico y la creación de empleo.
Durante la fase de transición, las AFP deberán presentar ante la Superintendencia Financiera un plan de ajuste detallado. Este documento incluirá las estrategias de inversión, mecanismos para garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los fondos, así como criterios y políticas de gestión de riesgos.
La autoridad supervisora mantendrá un control activo sobre el cumplimiento del nuevo marco normativo y revisará los planes para asegurar que la reducción de exposición internacional se realice sin deteriorar los objetivos financieros de los afiliados.
A lo largo del ajuste, el decreto autoriza que el flujo de nuevas cotizaciones se destine preferentemente a inversiones locales, siempre que ello sea necesario para respetar los límites. En caso de que alguna AFP supere el límite global de exposición internacional por causas justificadas, la entidad estará obligada a sustentar técnica, jurídica y financieramente tal situación ante la Superintendencia Financiera, que evaluará los argumentos presentados y podrá exigir medidas correctivas.
Las críticas al decreto
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), argumentó que la diversificación internacional de los fondos generó rendimientos notoriamente superiores en la última década.
Velasco presentó, a La República, una simulación para ilustrar el efecto: “$1 millón invertido en 2011, con la posibilidad de diversificar en el exterior, hoy valdría cerca de $3,23 millones, con un retorno promedio de 8,5% y un riesgo bajo. Si ese mismo recurso solo se hubiera invertido en activos locales, hoy sería de aproximadamente $1,67 millones, con un retorno de 3,8% y el doble de riesgo”. Esa diferencia, afirmó, equivale a perder casi la mitad del retorno posible.
El directivo advirtió que una repatriación forzada, como la contemplada en el nuevo decreto, “implicaría vender activos rentables en el exterior, en muchos casos de manera apresurada. Cuando a uno lo obligan a vender, le toca vender barato” Velasco agregó: “Luego esos dólares entrarían a presionar una revaluación de la moneda, lo que significa recibir menos pesos por cada dólar. Y después habría que comprar activos en Colombia, que hoy son escasos y relativamente caros”.
En el análisis, el presidente de Asofondos afirmó que traer de regreso recursos de los fondos implica desafíos sustantivos, dadas las limitaciones del mercado local para absorber esa magnitud de inversión. Apuntó que, si bien las empresas colombianas no financieras generan ahorro neto, los fondos enfrentan problemas para colocar el dinero con rentabilidades y riesgos óptimos.
“El año pasado tuvimos cerca de $11 billones en recursos comprometidos que no fueron llamados por los inversionistas, pese a estar aprobados. Eso muestra la fragilidad de la inversión y la falta de proyectos con una relación adecuada entre riesgo y rentabilidad”, epuso Velasco.
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