El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el ajuste salarial para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional representa un hito en la política de remuneraciones del sector público colombiano.
El mandatario ha puesto especial énfasis en la necesidad de reducir la desigualdad entre los distintos grados de las instituciones armadas, otorgando mayores beneficios a quienes reciben los salarios más bajos y asegurando que el impacto sea tangible en la vida cotidiana de los uniformados y sus familias.
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En su cuenta de X Petro afirmó: “Los de menos sueldo ganan en porcentaje mucho más elevado del 23% anual y los de mayor grado ganarán un 7% anual”.
Esta frase resume el espíritu del decreto, que establece una escala salarial diferenciada, progresiva y orientada principalmente a los rangos más bajos: soldados regulares, soldados profesionales, patrulleros y patrulleras tanto de la policía como de la Armada y la Fuerza Aérea.
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La decisión del presidente se da en una estrategia de justicia social y reconocimiento al esfuerzo de quienes, según sus palabras, “logran elevar más su nivel de vida y reactivarán en mucho la economía de sus familias y sus regiones de origen”.
El mandatario ha insistido en que el bienestar de los integrantes de las fuerzas de seguridad tiene un efecto multiplicador, ya que muchos de ellos provienen de zonas apartadas, donde el ingreso adicional puede dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de comunidades enteras.
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El alcance del decreto y la escala salarial
Petro ha hecho explícito que la escala salarial fue diseñada para que cada rango reciba un porcentaje de incremento inversamente proporcional a su jerarquía. “En esa escala se establece la escala salarial entre grados militares y policiales”, explicó el presidente al referirse a la lógica del ajuste.
El decreto firmado por el jefe de Estado garantiza que los soldados y patrulleros perciban incrementos superiores al 23% anual, mientras que los oficiales de mayor grado recibirán un aumento del 7%.
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Este ajuste se traduce en cifras concretas: los soldados profesionales pasan a devengar 2.451.267 pesos mensuales; los cabos terceros, 2.482.834 pesos; los cabos segundos, 2.514.404 pesos; los cabos primeros, 2.530.189 pesos; y los sargentos segundos, 2.545.974 pesos.
El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, informó que el aumento salarial también tendrá carácter retroactivo, de modo que los uniformados recibirán los valores correspondientes a los primeros tres meses del año.
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En palabras del presidente Petro, “he firmado el decreto de nivel salarial de las fuerzas militares y policiales”, destacando el carácter oficial y la voluntad política detrás de la medida.
Justificación social y económica del incremento
El jefe de Estado ha reiterado que el ajuste salarial trasciende la mera compensación económica. Según su mensaje, la medida busca reconocer el papel fundamental que desempeñan los integrantes de las fuerzas armadas y policiales, especialmente aquellos que, con salarios modestos, mantienen la seguridad y el orden en todo el territorio nacional.
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Petro recalcó: “Los soldados regulares, profesionales y patrulleros y patrulleras de la policía, lo mismo en la Armada y la Fuerza Aérea, logran elevar más su nivel de vida y reactivarán en mucho la economía de sus familias y sus regiones de origen”.
El presidente subraya que la política salarial adoptada es una respuesta directa a la necesidad de equidad en el sector público. Si bien la inflación acumulada para 2025 fue del 5,1%, el incremento para los uniformados de menor rango supera ampliamente ese porcentaje, lo que constituye, en palabras del gobierno, un “ajuste histórico”.
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El incremento salarial anunciado por el presidente Gustavo Petro tiene un alcance inmediato: la medida aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
De este modo, los uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no solo verán reflejado el aumento en sus próximos pagos, sino que además recibirán la compensación correspondiente a los primeros meses del año, ajustando así sus ingresos a la nueva escala definida por el decreto presidencial.
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