Crece la polémica en Colombia tras conocerse que en la cárcel de La Paz de Itagüí, en el departamento de Antioquia, internos habrían realizado una celebración privada animada por el cantante de vallenato Nelson Velásquez.
El turno fue para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón que, por medio de su cuenta de X, no solo expresó su rechazo ante las actividades realizadas en el centro penitenciario sino que criticó que quienes estarían involucrados serían jefes criminales vinculados a los diálogos de la Paz Urbana promovidos por el Gobierno de Gustavo Petro.
En su mensaje, el mandatario departamental llegó a compararlo con los eventos que organizaba el fallecido narcotraficante Pablo Escobar cuando estaba recluido en la cárcel La Catedral (Envigado, Antioquia) entre 1991 y 1992.
“Las fiestas de criminales condenados, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se asemejan a las que hacía Pablo Escobar en La Catedral”, comentó el gobernador en las redes sociales.
Sin embargo, Rendón sostuvo que existen ciertas diferencias entre el manejo hacia el exlíder del Cartel de Medellín con la actualidad. “La diferencia es que en esa época Escobar fue perseguido con toda la fuerza de la ley. Hoy, con Petro, los narcos son gestores de paz”, añadió.
En el caso de Escobar, los festejos en el penal destacaban por la llegada de camiones con licor de alta gama, comida gourmet y tecnología inédita en el país, además de la presencia de invitados como reinas de belleza, futbolistas y actrices que accedían al recinto en lo alto de la montaña de Envigado, según documentaron las autoridades.
Los guardias asignados no pertenecían al organismo oficial Inpec, sino que eran sicarios del Cartel de Medellín disfrazados, lo que aseguraba el control absoluto de Escobar sobre el lugar.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la polémica, luego de que se conociera la salida del director encargado del establecimiento carcelario, al igual que del comandante de vigilancia.
Para el mandatario distrital, la salida de los dos funcionarios no responde de fondo a la problemática. “Queman fusibles, mientras los verdaderos responsables, comenzando por Petro, sigue en sus cargos rendidos ante los criminales”, expresó Gutiérrez en su cuenta de X.
Detalles de la polémica
La denuncia fue revelada por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, que detalló que la celebración privada contó con la presencia de casi cien invitados.
Este evento, permitió la entrada masiva de equipos técnicos, alimentos gourmet, bebidas alcohólicas y personas externas bajo acuerdos de visita supuestamente regulados, pero sin registros oficiales de los asistentes, lo que ha incrementado la presión pública por una mayor transparencia.
La cabildante, en declaraciones a Blu Radio, que el cantante Nelson Velásquez recibió cien millones de pesos por su presentación, y Luis Alfonso Posada obtuvo cincuenta millones de pesos, cifras notoriamente altas para un concierto privado realizado dentro de un penal considerado de máxima seguridad.
Los datos, proporcionados por fuentes internas de la cárcel, fueron respaldados con imágenes y grabaciones del evento, entregadas a la concejal, que evidencian el despliegue técnico y el ambiente festivo en el recinto.
Según explicó Carrasquilla, la permisividad en la entrada de músicos, técnicos, alimentos de alta gama, licores y “mujeres prepagos” solo fue posible por la anuencia de personal de custodia interno.
Las visitas, que se efectuaron el miércoles 8 de abril bajo los acuerdos vigentes con el Gobierno Nacional, permitieron el acceso de hasta tres invitados por cada recluso esa jornada, lo que facilitó la entrada masiva e impidió el control detallado de los asistentes.
“No existen registros oficiales de todas las personas que ingresaron, cuestión que resulta particularmente grave”, señaló la concejal al citado medio de comunicación.
En su relato, Claudia Carrasquilla señaló directamente la responsabilidad del teniente Ciprián, identificado como el funcionario que autorizó el ingreso tanto de músicos como de invitados durante la fiesta, y que además estuvo previamente vinculado a otro episodio irregular: la salida no registrada de nueve internos, conocida como el “tarimazo” del 21 de junio de 2025.
Suspensión de los diálogos de Paz Urbana
Además de la suspensión a los funcionarios de la cárcel de Itagüí, la delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional suspendió provisionalmente la mesa de conversaciones con los grupos criminales de Medellín y el Valle de Aburrá mientras se brinden explicaciones al evento privado.
“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy (9 de abril de 2026) suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos. Respaldamos las medidas adoptadas por la Alta Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC”, señaló el Ejecutivo en un comunicado.
Las investigaciones disciplinarias buscarán establecer la responsabilidad de los funcionarios y esclarecer si la fiesta constituye un nuevo caso de privilegios indebidos para los capos, amparados por medidas de protección temporal a su favor mientras avanza el proceso de negociaciones auspiciado por el Gobierno Petro.
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