Una inédita ruptura institucional sacudió a Colombia tras el reciente aumento de 100 puntos básicos (pb) en la tasa de interés decidido por la Junta Directiva del Banco de la República. Once excodirectores de la entidad emitieron un pronunciamiento inédito para exigir el respeto absoluto a la autonomía del banco central en medio de la grave tensión entre esta institución y el Gobierno nacional.
Los excodirectores —María Mercedes Cuellar, Néstor Humberto Martínez, Salomón Kalmanovitz, Antonio Hernández, Carolina Soto, Carlos Caballero, Juan José Echavarría, Carlos Gustavo Cano, Juan Pablo Zárate, César Vallejo y Ana Fernanda Maiguashca— alertaron que la independencia del Banco de la República es la base de la estabilidad económica y el bienestar del país.
Independencia del Banco de la República: efecto en créditos y pensiones
Luego del alza de la tasa de interés y la división entre el Gobierno y la autoridad monetaria, advirtieron sobre posibles efectos negativos como mayor costo de vida, presiones sobre los créditos y amenazas a la confianza institucional, subrayando que el resguardo de la autonomía del banco central protege el poder adquisitivo de los colombianos.

“La Constitución del 91 fue un logro sustancial de todos los colombianos. Fueron muchos los derechos que quedaron amparados para todos los ciudadanos del país. Una de sus grandes conquistas fue lograr un banco central independiente que proteja a los colombianos”, declararon al unísono.
La protección de la Constitución
El grupo señaló que “la Constitución colombiana buscó que hubiera distintas visiones y que no se respondiera al Gobierno de turno”. Añadieron que esta protección institucional beneficia “especialmente a los más vulnerables, en su calidad de vida”. Resaltaron la particularidad de la Junta Directiva, encargada de esta labor “bajo una estructura que resulta especial al compararla con otros países, porque el ministro de Hacienda es parte de esta junta”.
Recordaron que “cada gobierno debe nombrar a dos codirectores que, de manera independiente, decidan sobre el control de la inflación en coordinación con la política económica general”. Explicaron que el Gobierno actual, de los siete miembros de la Junta Directiva, “ha designado a tres directamente, más al ministro de Hacienda, que la debe presidir”, con lo que suma “cuatro de los siete, es decir, la absoluta mayoría”.
Insistieron en que “la independencia del banco fue un logro de la gente para proteger el valor de su dinero en el tiempo y evitar empobrecerse año a año a causa de la inflación”. Detallaron que este diseño “contó con el apoyo de movimientos de toda índole, política e ideológica”.

De igual manera, los excodirectores enfatizaron que esta independencia debe protegerse manteniendo “un debate plural, pero informado”. Aseguraron que “así ha sido por años: las discusiones en la junta y sus decisiones se han tomado luego de un análisis técnico riguroso y de una amplia discusión”. Subrayaron que “cualquier decisión que tome la junta no es por falta de deliberación”.
“Parece obvio, pero no lo es. Colombia no ha sufrido incrementos exorbitantes en sus precios, como sí lo han sufrido otros países, incluidos algunos en nuestra misma región latinoamericana”, afirmaron, al advertir sobre los efectos negativos de la inflación para la calidad de vida de la población.
Fractura institucional y la subida de la tasa de interés
El quiebre institucional quedó en evidencia tras la última sesión de la Junta Directiva, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la reunión y convocó a una rueda de prensa aparte en la que dio a conocer que cuatro miembros votaron a favor de un incremento de 100 puntos básicos.
“Estamos retirándonos de una Junta Directiva que está tomando decisiones que son irresponsables con el país, que son absolutamente incoherentes”, manifestó el ministro antes de la confirmación oficial del aumento.
Por supuesto, el hecho evidenció la magnitud del desacuerdo entre el Gobierno y el Banco de la República, una división inédita en la historia institucional reciente del país.

Impacto económico y social de la decisión
A criterio del profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana Santiago Espinosa González, la decisión de elevar la tasa de interés tendrá consecuencias inmediatas.
Precisó que “justamente se puede esperar que haya una ralentización de la economía, que la economía no crezca tanto como debería crecer, que las personas paguen más por sus créditos, que quizá tengamos que ver incrementos en el precio de la gasolina, en el precio de los alimentos o de algunos productos que se tienen que mover a través de vehículos que utilizan gasolina”.
Puntualizó que esto afecta a las personas en su costo de vida, en la forma en la que se manejan sus finanzas y su economía todas las semanas. Ante este escenario, expresó que “una situación así nos lleva a pensar más en gastar menos y ahorrar más e invertir en productos que se beneficien de la renta fija, como por ejemplo los CDT o las cuentas de ahorro de alta rentabilidad”.
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