Denuncian que la Alcaldía de Bogotá entregará terrenos públicos a constructoras privadas con el modelo de renovación urbana de TransMilenio

El 25 de noviembre de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el lanzamiento de un modelo de desarrollo urbano que busca integrar la política de vivienda con la infraestructura de transporte público masivo. Bajo el liderazgo de Transmilenio y la Secretaría Distrital de Hábitat, este enfoque fue presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

El acto inaugural se centró en la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo, con el primer proyecto inmobiliario de la empresa y el inicio de los denominados Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (Prums). Según la Administración distrital, esta articulación entre entidades permitirá orientar la política urbana hacia las zonas aledañas al sistema de transporte masivo y, próximamente, al Metro.

No obstante, la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, denunció que la alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través de Transmilenio S.A., está “feriando la tierra pública mejor servida en transporte” para beneficiar el negocio de grandes constructoras y operadores privados de transporte.

Según Sánchez, mientras en Bogotá existen alrededor de 18.000 hogares sin vivienda, la administración estaría facilitando que terrenos estratégicos, adquiridos o expropiados originalmente para el sistema de transporte colectivo, sean formalmente destinados a renovación urbana por medio de los Prums.

La cabildante sostiene que esos terrenos, una vez convertidos en áreas de renovación, pueden ser adquiridos o desarrollados por constructoras privadas. En este esquema, Transmilenio recibe una retribución por su participación con la tierra, pero el beneficio principal recaería en las empresas privadas, tanto en el sector de la construcción como en el de transporte.

El caso emblemático señalado por Sánchez es el Prums de la Primera de Mayo, delimitado mediante la Resolución 407 del 20 de noviembre de 2025. Esta área comprende 12.594,29 metros cuadrados de espacio público originalmente ligados a la estación intermedia de Transmilenio en la avenida Primero de Mayo con carrera 10. La resolución permitió el cambio de uso para estos predios, habilitándolos para la renovación urbana y facilitando su disposición para proyectos inmobiliarios.

Proceso de convocatoria y modelo de negocio inmobiliario

El 21 de noviembre de 2025, la Alcaldía de Bogotá abrió la convocatoria para que empresas presentaran propuestas de adquisición o desarrollo inmobiliario sobre estos terrenos. Según la denuncia, el negocio principal es para la constructora seleccionada, ya que Transmilenio únicamente recibe una parte proporcional por el uso del suelo. Sánchez indicó que el dinero recibido se destinaría a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Público (Sipt), en particular al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que respalda la operación de los buses.

Transmilenio calculó un potencial de 25.000 metros cuadrados construibles en los predios del Prumns de la Primera de Mayo, lo que permitiría desarrollar al menos 470 apartamentos de 40 metros cuadrados. El negocio podría representar unos $100.000 millones para la constructora, mientras que el avalúo catastral actual de la tierra es de aproximadamente $5.673 millones.

Sobre esto, Sánchez advirtió que, aunque parte del proyecto podría destinarse a viviendas de interés social (VIS o VIP), los hogares de menores ingresos, especialmente aquellos con ingresos de 0 a 1 salario mínimo mensual legal vigente, no están siendo prioritariamente beneficiados ni cuentan con apoyo efectivo del Distrito.

La concejala anunció que este tema será examinado en detalle en un debate de control político programado para el lunes 13 de abril, donde se expondrá la falta de acceso real de los sectores más vulnerables a estas nuevas unidades habitacionales.

Destino de los recursos y sostenibilidad del sistema de transporte

Lo que obtiene Transmilenio por la cesión de la tierra pública —según Sánchez, alrededor de $20.000 millones (equivalente a 5,6 millones de pasajes)— se dirige al sostenimiento del Sitp, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Pese a un aumento del 10,9% en el costo del pasaje, situándose en $3.550, y la asignación al FET de $3,2 billones en el presupuesto de 2026, todavía faltarían $49.000 millones para garantizar la rentabilidad del 4% a los operadores privados.

Así, la denuncia sostiene que las utilidades netas de los operadores podrían alcanzar $263.121 millones al cierre del año, mientras se utiliza patrimonio público para sostener este esquema de negocios.

Crítica al modelo de desarrollo y uso de los Prums

La cabildante subrayó que dicho mecanismo ratifica lo advertido durante la discusión del Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” 2024-2027: la administración estaría tomando decisiones que benefician a los grandes oligopolios privados de transporte en buses y de la construcción, en detrimento del acceso a vivienda para la población trabajadora y más pobre.

El señalamiento final de la concejala apunta a la transformación de Transmilenio S.A. y la Empresa Metro en operadores urbanos bajo la figura de los Prums. Sánchez cuestionó quiénes serán los beneficiarios finales de los terrenos adquiridos y expropiados para la construcción de la Primera Línea del Metro, advirtiendo que el patrimonio público corre el riesgo de ser transferido, bajo la figura de “remanentes de obra pública”, a manos de grandes intereses privados.