La Contraloría General de la República inició este 9 de abril de 2026 una actuación con funciones de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el objetivo de recaudar información que permita establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud en Colombia.
La decisión se da, según informó el organismo de control, “ante la preocupación institucional por la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS”. En ese contexto, la entidad busca obtener datos directamente desde las fuentes para evaluar el estado real de las cuentas y el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con la Contraloría, esta actuación tiene como propósito “recaudar información financiera y establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud del país, a la luz de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses respecto de las EPS intervenidas”. El periodo coincide con las intervenciones realizadas por el Gobierno a varias aseguradoras del sistema.
El director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), Andrés Cifuentes, explicó que una de las principales razones para el despliegue es que “a hoy no tenemos aún un reporte oficial de los estados financieros de la entidad”. Añadió que existe un pendiente en la entrega de esta información y que la intención es “hacer un foco específico, un recaudo específico en información financiera”.
En paralelo, la actuación también involucra a la Supersalud debido a inconsistencias detectadas en la información consolidada de las EPS intervenidas. Según Cifuentes, tras múltiples requerimientos, “hemos identificado un déficit patrimonial de más de dieciséis billones de pesos en las entidades o en las EPS intervenidas”. Este dato se suma a los riesgos advertidos sobre la sostenibilidad del sistema.
El funcionario también señaló que existe “un riesgo de solvencia económica para poder cubrir la operatividad” de estas entidades, lo que podría tener impacto directo en la prestación de servicios a los usuarios del sistema de salud en todo el país.
La actuación de Policía Judicial implica que los funcionarios de la Contraloría pueden ingresar a las instalaciones de las entidades para recolectar, asegurar y extraer evidencia documental, financiera y digital de manera directa. Esto permite obtener información sin depender de reportes enviados por las entidades vigiladas.
En ese sentido, la Contraloría indicó que la información recolectada “constituirá un insumo técnico para la valoración de eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, conforme a los procedimientos aplicables y a las competencias funcionales de las autoridades correspondientes”.
Entre los antecedentes que motivan la intervención se encuentran alertas previas del organismo de control sobre el manejo de recursos en la Nueva EPS. A finales del año anterior, se había advertido la existencia de más de $15 billones en “anticipos sin legalizar”, es decir, recursos girados a prestadores sin soportes que acrediten su uso.
La actuación también busca evaluar la efectividad de las medidas adoptadas durante el proceso de intervención de las EPS. La Contraloría pretende establecer si dichas acciones han logrado estabilizar la situación financiera o si persisten problemas estructurales en la administración de los recursos.
En cuanto al papel de la Supersalud, la inspección apunta a verificar el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control. La inclusión de esta entidad en el procedimiento sugiere que se evaluará su actuación frente a la supervisión de la Nueva EPS durante el periodo intervenido.
Finalmente, la Contraloría reiteró que continuará ejerciendo “la vigilancia y el control sobre los recursos públicos del sector salud, a fin de propender por su adecuada destinación”. El organismo señaló que este tipo de actuaciones buscan contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio de salud para los usuarios en Colombia.
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