
El 8 de abril de 2026, durante la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expuso sus reparos ante presuntas irregularidades que ha identificado en el proceso penal.
De acuerdo con la exfuncionaria, que está privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, hasta el momento no ha podido conseguir “una sola prueba” para incluir en su defensa, porque se ha enfrentado a una amplia oposición.
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“Se oponen todos los que están acá. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad, se lo dije a las víctimas. Vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas? Hoy no tengo una sola prueba, señora juez“, aseveró.

Afirmó que hay más de 100.000 archivos en donde estarían las pruebas que necesita, pero insistió en que no ha podido tener acceso al material probatorio. En ese sentido, advirtió que no está en “igualdad de armas” en comparación con el ente acusador.
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“Yo nací en un país garantista, no estamos 100 años atrás. A sacrificar al que sea, ¿por qué?”, cuestionó la exfuncionaria.
Por otro lado, expuso inconsistencias en el trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación. Según precisó, en la imputación que hizo el ente acusador se le vinculó al direccionamiento de contratos y desviación de recursos de contratos celebrados para la adquisición de carrotanques para La Guajira. Sin embargo, en la acusación ya no aparecen esos hechos.

“La Guajira ya no existe. Tanto que no existe, que sacan a las víctimas de La Guajira y dice la Fiscalía: (...) ‘No, es que ella no tiene nada qué ver con La Guajira’”, detalló.
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En ese sentido, la Fiscalía la señaló como responsable de anomalías en un contrato de Repelón, Atlántico y, según indicó Ortiz, dicho contrato actualmente “no existe”. Además, se habría suscrito durante la administración del expresidente Iván Duque Márquez y no en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Adicionalmente, aseguró que en la acusación que presentó la Fiscalía se indica que el valor del contrato fue de $11.000 millones, pero, en realidad, no llegaría “ni a los $6.000 millones. “La Fiscalía no supo, no demostró, y admitió que sí podía ser un contrato falso, o sea, un contrato no existente”, precisó.
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Así las cosas, la exconsejera pidió a los medios de comunicación que dejen de relacionarla con el escándalo de corrupción de los carrotanques en La Guajira, porque la misma Fiscalía, como ente investigador y acusador, determinó que no tiene responsabilidad alguna en esos hechos.
Insistió en que ha sido injustamente culpabilizada por las consecuencias que se evidenciaron en el departamento ante la falta de llegada de agua potable que estaba prevista con el funcionamiento de los carrotanques. “Hicieron un show mediático que usted no se imagina, eso tan grande y monstruoso, diciendo que los niños de La Guajira se murieron por mi culpa, lo dijo la juez”, explicó.
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Lo que dice la imputación contra Sandra Ortiz
En efecto, en la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en su momento, se asegura que Ortiz era responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Esto, con su presunta participación en el entramado de los carrotanques.
Afirmó que la exfuncionaria, al parecer, recibió, transportó y entregó dineros desviados de un contrato de la Ungrd que tenía como objeto la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El destinatario fue el expresidente del Senado de la República Iván Name Vásquez que, según el ente acusador, recibió $3.000 millones.
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Sin embargo, según Ortiz, esos señalamientos ya no aparecen en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en su contra.
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