Durante una sesión de control político celebrada el 7 de abril en el Concejo de Cali, varios cabildantes lanzaron críticas directas contra el secretario de Seguridad, Javier Garcés, por el aumento de los homicidios en la ciudad. El encuentro evidenció la frustración de los concejales ante la falta de resultados en materia de seguridad y la persistencia de cifras alarmantes.
En palabras del concejal Roberto Ortiz, el alcalde Alejandro Éder “está en una negación de la realidad”, haciendo referencia a los 25 asesinatos reportados durante la Semana Santa mientras el mandatario destacaba el crecimiento del turismo en redes sociales. Ortiz cuestionó el mensaje oficial sobre la situación de seguridad.
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Las cifras detrás de la alerta
Uno de los ejes del debate giró en torno a los datos del Observatorio de Seguridad de Cali, que reportó 267 homicidios entre enero y marzo de 2026, un incremento del 5% frente a los 254 casos del mismo periodo de 2025.
Según el concejal Marlon Andrés Cubillos, este repunte refuerza una tendencia al alza que se refleja en el salto de 938 homicidios en 2024 a 1.058 en 2025. Cubillos recordó que el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal establecía como meta no superar los 900 homicidios anuales, objetivo que se incumplió desde el 2025.
La mayoría de los homicidios se concentra en comunas del oriente, como la 15 y la 18, que sumaron 24 asesinatos cada una en el primer trimestre. El informe oficial atribuye el fenómeno a “reacomodos y tensiones criminales localizadas”, asociadas al control territorial y a economías ilegales.
El 80,69% de los homicidios en 2026 se cometieron con armas de fuego, mientras que el 13,51% involucró armas blancas o contusopunzantes y el 5,79% otros tipos de armas. El concejal Carlos Andrés Arias resaltó la necesidad de conocer la ruta de entrada de las armas, ya que “Cali es una ciudad vulnerable por la cantidad de amenazas externas e internas”.
Críticas a la gestión y al uso del presupuesto
El cuestionamiento a la gestión del secretario de Seguridad se centró en la falta de resultados pese al aumento del presupuesto. De acuerdo con el concejal Edison Lucumí, el presupuesto destinado a seguridad se incrementó un 33% en 2025 y un 36% en 2026, pero los homicidios continúan en ascenso.
“Hay cosas que no cuadran”, afirmó Lucumí, señalando que la inversión no se refleja en la disminución de los delitos más graves. Por su parte, el concejal Andrés Escobar aseguró que “no se están administrando las capacidades de la ciudad de manera adecuada”.
La concejala María del Carmen Londoño subrayó que Cali es “la ciudad más violenta del país y la sexta en Sudamérica”, e insistió en la necesidad de acciones estructurales y permanentes.
Londoño cuestionó la falta de articulación entre la Secretaría de Seguridad y otras dependencias, así como la priorización de cámaras para fotomultas en detrimento de la seguridad ciudadana. “¿Será porque no es un negocio rentable salvar vidas, pero sí colocar fotomultas?”, preguntó.
Zonas críticas y focos de violencia
El análisis geográfico del Observatorio de Seguridad de Cali reveló que la violencia homicida se concentra en barrios específicos del oriente, como Alto de los Chorros, Mojica, Potrero Grande, Los Polvorines y Simón Bolívar.
En estos sectores, la disputa por el control de economías ilegales elevó el riesgo para la población. De los 267 homicidios del primer trimestre de 2026, 208 estuvieron relacionados con hechos delictivos, 41 con conflictos de convivencia y 14 con otros motivos.
La violencia afecta principalmente a hombres jóvenes: 242 de las víctimas fueron hombres, 94 tenían entre 18 y 28 años y 18 eran menores de edad. Los fines de semana y las noches registran los picos más altos de homicidios, con 45 muertes los domingos, 41 los sábados y 40 los viernes. Entre las 6:00 p. m. y las 2:59 a. m. ocurrieron 147 asesinatos.
Debates y propuestas en el Concejo
El concejal James Agudelo planteó la importancia de diferenciar los móviles de los homicidios para diseñar estrategias específicas, ya sea por narcotráfico, microtráfico, hurto o lesiones personales.
Agudelo defendió la construcción de una nueva megaestación de Policía en el sur de la ciudad, proyecto que, según dijo, fue aprobado por la administración anterior y que espera se concrete con recursos de crédito público.
El tema del toque de queda para menores también ocupó parte de la discusión. Arias preguntó al secretario de Seguridad por qué no se ha implementado la medida propuesta por el Concejo, considerando que casi el 50% de las víctimas son jóvenes. “La medida del toque de queda no es solamente restrictiva, es para proteger a los niños y que no estén tan expuestos a la violencia”, argumentó.
Persistencia de factores de riesgo
El informe anual de homicidios de 2025, presentado por la Secretaría de Seguridad de Cali, advirtió sobre la fragilidad de los avances y la persistencia de factores de riesgo que afectan a determinados territorios y grupos poblacionales.
Aunque los niveles actuales de violencia letal están lejos de los registrados en décadas pasadas —cuando se reportaban hasta 2.500 homicidios anuales—, el repunte observado en los dos últimos años mantiene en alerta a autoridades y ciudadanía.
La sesión de control político en el Concejo concluyó con el llamado a la administración municipal para que adopte medidas integrales y coordine esfuerzos institucionales, buscando frenar la tendencia al alza de los homicidios y recuperar la confianza en la gestión de la seguridad pública.
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